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¿Cómo identificar un agroquímico ilegal?

Latinoamérica

En las últimas décadas la población ha crecido exponencialmente por lo que se necesitan más áreas de cultivo para satisfacer las necesidades alimentarias de millones de personas. Ante tal escenario es indispensable optimizar técnicas de conservación de suelos, utilización de semillas, fertilizantes y agroquímicos que faciliten el desarrollo de los cultivos y los protejan contra el ataque de diferentes patógenos. 

Debido a que los suelos de Latinoamérica son ricos en cultivos de frutas, hortalizas y granos, son indudablemente un objetivo clave para el comercio ilegal de plaguicidas. Además, sus extensas fronteras y de difícil acceso complican el control de contrabando de agroquímicos no registrados.

Los plaguicidas o agroquímicos son cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destinan a controlar plagas, en esta clasificación se incluyen los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal. También abarcan las sustancias defoliantes y las desecantes.

Para que el plaguicida pueda ser registrado y vendido en un país, debe cumplir normas específicas, como la identificación de una molécula con potencial biocida y pruebas de laboratorio y de campo sobre seguridad toxicológica, ambiental y eficiencia agronómica (que pueden durar hasta 11 años).

De acuerdo con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), los plaguicidas ilícitos son de 5 tipos:

  • Productos y sustancias no autorizados, obsoletos o prohibidos
  • Importaciones paralelas
  • Productos falsificados o piratas
  • Productos re-etiquetados o con etiqueta de disfraz
  • Envases rellenados
  • Robo de producto

La situación es alarmante: cerca del 15% del comercio global de plaguicidas corresponde a productos ilegales. Se trata de un problema a nivel global que afecta a los agricultores, a la industria de protección de cultivos y además genera múltiples riesgos para la salud humana, los cultivos, el medio ambiente (contamina fuentes de agua y suelos) y la economía de las naciones, debido a que los gobiernos tienen que invertir capital en inspecciones, incautaciones, bodegaje y destrucción de productos incautados.

En Latinoamérica hay una gran oferta de productos a bajo precio y poca calidad que no garantizan combatir las plagas, que principalmente son ofrecidos a los agricultores de zonas rurales. Por tal razón, es necesario modificar las leyes y especializarlas para sancionar y tipificar con legislaciones más severas estos delitos. Países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Bolivia, México y Guatemala están preocupados por la situación ya que cuentan con grandes áreas agrícolas donde estos mercados demandan grandes volúmenes para el control de plagas y enfermedades.

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