Las medidas tomadas alrededor del ordenamiento de la Sabana de Bogotá, las actividades mineras autorizadas y la voluntad de recuperar el río Bogotá se contradicen en su planteamiento y aplicación. Así lo enuncia Harold Alexander Villamil Castillo en su trabajo de investigación para obtener el título de Magíster en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá.
Al respecto, el investigador propone un nuevo proceso de política pública ambiental que posibilite una actividad regulatoria tanto del ordenamiento del territorio como de la actividad minera generada allí. Esta contemplaría una articulación interinstitucional, un mejoramiento ambiental integral y una activa participación ciudadana.
Para llegar a estas recomendaciones, el magíster estableció y analizó en su investigación la relación e interacción del sector minero en el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá, con los fallos del Consejo de Estado, el Ministerio de Ambiente y la Corte Constitucional.
En 2014, el Consejo de Estado promovió el saneamiento de la cuenca del río Bogotá (sentencia 25000-23-27-000-2001-90479-01), y dos años más tarde el MinAmbiente aprobó la resolución 2001, que permite delimitar los polígonos –o áreas– de extracción minera en municipios como Chocontá, Soacha, Sibaté, Gachancipá, El Rosal y Madrid, entre otros.
Aunque todos los municipios acogidos dentro de la sentencia deberían crear plantas de tratamiento residual, al traslapar –o sobreponer– mapas de los polígonos dispuestos, estos colindan o pasan sobre el río Bogotá.
“La minería afecta directamente los territorios, daña los corredores ecológicos, interrumpe las dinámicas económicas propias de las comunidades, de manera que por un lado se quiere descontaminar pero a la vez se aprueba la contaminación, esta es una gran contradicción”, afirma el magíster Villamil.
Títulos mineros aprobados
En las últimas décadas las dinámicas del mercado reflejan mayores beneficios económicos a la minería que a actividades previas como la agricultura. Según el rastreo del magíster Villamil, se evidencia que en las políticas mineras promovidas por el Estado entre 2000 y 2020 el 95 % de los títulos mineros han sido aprobados.
En entrevistas y cuestionarios sencillos aplicados a propietarios de fincas ubicadas dentro de los polígonos mineros en algunos de los municipios de la Sabana de Bogotá, el magíster Villamil indagó sobre el conocimiento de los campesinos acerca del cambio de la vocación agrícola a minera de los territorios, y la mayoría de ellos manifestaron que no conocen los planes para los municipios que habitan.
Pero, por un lado, en Chocontá hubo manifestaciones de inconformidad debido a sus lazos con el territorio, que en muchos casos quieren transmitir a las siguientes generaciones, y por el otro, en Sibaté hubo mayor aceptación de la minería, pues tienen el imaginario de grandes entradas de capital a los territorios y sus pobladores.
En el ordenamiento territorial, inicialmente se identificaron pugnas generadas en la inmersión de la minería. El magíster Villamil puntualizó 12 conflictos en la zona, entre ellos, por ejemplo, en los municipios de Mosquera y Bojacá, donde el polígono de explotación colinda, por un lado, con el humedal Laguna La Herrera –declarado como zona de agua protegida–, y por el otro con una zona forestal y algunas casas establecidas en zonas de expansión urbana.
Así mismo, la investigación evidencia la desarticulación estatal al momento de formular los planes de ordenamiento territorial (POT). Además de las resoluciones, a los gobiernos de diferentes niveles se les atribuye la capacidad de organizar su territorio, pero el subsuelo sigue siendo propiedad del Estado y sus intereses pasan por encima de los ordenamientos locales.
La Ley 209 de 1997 les otorga a los gobernantes la facultad de ordenar sus territorios nacional, regional, departamental, metropolitano y municipal. Sin embargo, “en el afán de dar soluciones y formular documentos de POT, se revelan falencias de los planes, ya que los funcionarios se saltan el paso a paso requerido”, afirma el magíster Villamil.
Por eso concluye que se debe realizar una re-configuración de los POT de la Sabana de Bogotá, que contemple: una articulación interinstitucional, en la que a través de una perspectiva sistémica se propongan soluciones colectivas institucionales, cuya gestión del territorio posea dispositivos, análisis y acciones concertadas, no solo a nivel municipal sino regional y nacional.
También se contempla el mejoramiento ambiental a partir de una planeación que establezca un saneamiento básico a la población, generando procesos nuevos de gobernanza territorial y, por ende, la implantación de instrumentos de regulación de los suelos y el mejoramiento de los sistemas de investigación del territorio.
La participación ciudadana y la acción colectiva son fundamentales para afrontar los procesos contaminantes industriales de las compañías mineras, además de la acción contaminante doméstica, por medio de la concertación ciudadana.
Más allá de la aceptación o negación ante las políticas y resoluciones ya en proceso, este acercamiento a las comunidades permite reiterar la necesidad de la participación ciudadana en los planes prospectivos, previa y más allá de la mera consulta o socialización.
