La Jurisdicción Sanitaria VI reforzó en Irapuato las recomendaciones para identificar bebidas alcohólicas adulteradas, en un llamado que llega en medio de un contexto nacional donde el mercado informal ya no es un fenómeno marginal, sino una industria paralela que compite en volumen con el sector formal.
Las autoridades exhortaron a verificar etiquetas, sellos y códigos de autenticidad, y a comprar exclusivamente en establecimientos formales, medidas que buscan reducir la exposición de los consumidores a productos que ponen en riesgo su salud.
El problema tiene una magnitud que trasciende lo anecdótico. Estimaciones del sector calculan que el mercado informal de bebidas alcohólicas representa más del 40% del consumo total en México, mientras que datos de firmas especializadas en inteligencia comercial documentan que las modalidades vinculadas con la falsificación, el relleno y la adulteración pasaron de representar 12.2% del mercado ilegal en 2017 a 21.2% en 2023.
Solo en ese último año se habrían comercializado más de 21.8 millones de cajas de alcohol informal, con un valor estimado en 55.689 millones de pesos y una pérdida fiscal calculada en 19.544 millones de pesos, recursos que en teoría deberían fortalecer la vigilancia sanitaria y la supervisión comercial del sector.
La operación de este mercado paralelo sigue un patrón identificado repetidamente por las autoridades: el reciclaje de botellas, tapas y etiquetas originales para rellenarlas con alcohol de baja calidad o de dudosa procedencia. Casos recientes de adulteración de tequila y mezcal —las bebidas espirituosas más frecuentemente falsificadas del país— muestran diferencias de precio que funcionan como primera señal de alerta para el consumidor: mientras una botella legítima puede costar entre 400 y 450 pesos, los lotes clandestinos circulan entre 100 y 190 pesos, una brecha que resulta económicamente imposible de sostener mediante procesos de producción legales.
El riesgo sanitario de fondo tiene una base química concreta, Las Normas Oficiales Mexicanas exigen que las bebidas alcohólicas se elaboren exclusivamente con alcohol etílico de origen vegetal; en los productos adulterados, ese insumo suele sustituirse por metanol, un compuesto que el organismo metaboliza en ácido fórmico y formaldehído, sustancias tóxicas capaces de producir ceguera, daño neurológico irreversible o la muerte incluso en dosis relativamente bajas.
Esta característica explica por qué los brotes de intoxicación asociados a alcohol adulterado suelen escalar con rapidez y concentrar un número desproporcionado de víctimas fatales en periodos cortos, frente a este panorama, la recomendación de revisar la calidad gráfica de la etiqueta, la integridad de la tapa metálica y el estado del envase —incluyendo rayaduras estructurales o números de serie desgastados en la base, indicios de reciclaje extremo— se ha convertido en protocolo estándar de las autoridades sanitarias en distintos estados del país.
La coordinación entre Cofepris y titulares de marcas afectadas ha permitido documentar con mayor precisión estos patrones de falsificación, información que alimenta alertas sanitarias nacionales cada vez más frecuentes, para la industria formal de bebidas alcohólicas, el fenómeno representa además una competencia desleal que erosiona márgenes y participación de mercado, además de dañar la reputación de marcas legítimas cuando el público no distingue el origen del producto que consumió.
Reforzar la trazabilidad, ampliar los operativos de destrucción de mercancía asegurada y sostener campañas de identificación como la impulsada en Irapuato son piezas de una estrategia que, según reconocen especialistas del sector, debe abordarse tanto como problema de salud pública como de legalidad económica y protección al consumidor.
