Las organizaciones agrarias y las cooperativas, en nombre de los arroceros españoles, han pedido a las instituciones de la Unión Europea (UE) la activación de una cláusula de salvaguarda automática para frenar el exceso de importaciones.
Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias se han dirigido a la Comisión Europea (CE), al Parlamento Europeo (PE) y a la presidencia del Consejo de la UE para pedir que incluyan esa salvaguarda dentro de la negociación de la reforma del reglamento de Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
Han solicitado, concretamente, que ese producto entre en el "artículo 29" de la propuesta de la CE para esa reforma, que establece condiciones para las preferencias arancelarias respecto a ciertas importaciones de países terceros.
Dicho artículo da cobertura jurídica al desencadenamiento de la cláusula de salvaguarda automática en caso de que las importaciones de países terceros sobrepasen un determinado umbral.
El PE ha pedido que el umbral sea del diez por ciento y que, además, se aplique a los países beneficiarios de los tres regímenes del SPG, incluyendo los del régimen "Todo menos las armas" del que forman parte naciones consideradas en desarrollo como Myanmar y Camboya.
Los productores arroceros apoyan la posición de la Eurocámara y ven "con preocupación" los intentos de la presidencia sueca de la UE de incluir el arroz en el procedimiento "mecanismo de especial vigilancia" de la propuesta, el cual determinará si hay disrupción de mercado sin una definición clara.
"Al tener los países productores de arroz minoría en el Consejo sería muy difícil aprobar medidas ante la crisis de mercado provocada por el aumento desmesurado de importaciones", según el comunicado.
El Ministerio de Industria, Comercio y de Turismo está apoyando a los productores arroceros, según la misma fuente. Según un estudio de la CE sobre el impacto de los acuerdos comerciales en los distintos sectores agrarios en la UE, difundido en el comunicado, el arroz es el sector "más afectado negativamente" por las importaciones.
También citan otro informe que alerta de la pérdida de capacidad productiva y del aumento de las importaciones en el horizonte de 2032. España, con 620.000 toneladas, es el segundo país productor de la UE después de Italia, y su cultivo es "crucial" para la zonas donde se siembra, además de jugar un papel "fundamental" en la biodiversidad y en la protección ambiental, han señalado las organizaciones agrarias y las cooperativas.
"La ausencia de medidas eficaces que protejan al arroz de las importaciones más baratas de países terceros producidas con normas inferiores a las de la UE provocaría una caída de la producción con consecuencias económicas muy negativas para las zonas rurales, y para el abastecimiento de los consumidores"
