En los últimos días, la Cámara de Diputados de México dio un paso importante: la Comisión de Salud aprobó una iniciativa para prohibir la venta y suministro de bebidas energéticas a personas menores de 18 años.
La propuesta, impulsada por los legisladores Ricardo Monreal (Morena) y José Luis Fernández Martínez (PVEM), busca reformar la Ley General de Salud para restringir el acceso a este tipo de productos tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.
La iniciativa define las bebidas energéticas como aquellas no alcohólicas que contienen ingredientes como cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona, vitaminas del grupo B u otros estimulantes, y que se comercializan con el propósito de aumentar la alerta, la concentración o la energía mental o física. También se incluye la presencia de azúcares, edulcorantes y aditivos como componentes potenciales.
Quienes violen esta prohibición podrían enfrentarse a sanciones de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una multa que equivale aproximadamente a 226,280 pesos mexicanos.
El trasfondo de esta política se asienta en riesgos bien documentados para la salud infantil y adolescente. Según los legisladores, el consumo de bebidas energéticas en jóvenes se ha incrementado, lo que puede contribuir a una serie de problemas como insomnio, ansiedad, trastornos del ritmo cardíaco, hipertensión, alteraciones en la concentración, exceso de azúcar, obesidad e incluso dependencia de estimulantes.
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Salud por unanimidad, con 20 votos a favor. Ahora, el texto se turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el pleno.
¿Por qué ahora y qué implicaciones tiene?
El aumento del consumo de energéticos entre menores ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y especialistas. Los efectos adversos de sustancias como la cafeína en dosis altas son mayores en jóvenes, dado que sus cuerpos aún se encuentran en desarrollo. Además, los hábitos de consumo temprano pueden potenciar riesgos de salud crónica más adelante.
Desde un punto de vista social, la medida busca proteger el interés superior de la niñez —un principio recogido en leyes mexicanas como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— y frenar la publicidad y distribución indiscriminada de productos estimulantes a este grupo poblacional.
En el plano comercial, la prohibición podría tener fuertes repercusiones para fabricantes y distribuidores de bebidas energéticas. Si se aprueba en el pleno, la regulación impondrá nuevas obligaciones de cumplimiento, especialmente en cuanto a canales de venta, etiquetado y sanciones. Empresas del sector podrían verse obligadas a adaptar sus líneas de productos, marketing, y su forma de distribuir estos productos en territorio nacional. Además, podría abrir un precedente regulatorio que influya en normativas locales y políticas públicas de salud relacionadas con obesidad, consumo de cafeína y adicciones leves.
Lo que sigue
En los próximos días o semanas se espera que la iniciativa sea discutida por la Cámara de Diputados en pleno. Ahí podrán surgir modificaciones, ya sea en el alcance de la prohibición, las excepciones contempladas o las sanciones aplicables. Algunos diputados han planteado excepciones para deportistas, para casos autorizados por tutores, o regulaciones de publicidad más estrictas.
Mientras tanto, la propuesta ya ha generado debate público. Apoyada por sectores de salud, pero con cuestionamientos de la industria alimentaria respecto a sus posibles efectos económicos, distribución informal, y definición exacta de lo que constituye una “bebida energética”.
En resumen, México parece estar encaminándose hacia una legislación que limite seriamente el acceso de menores a bebidas energéticas, con multas severas para quienes incumplan, todo ello en nombre de proteger la salud de las nuevas generaciones.