La creciente tensión en torno al Estrecho de Ormuz ha encendido alertas en los mercados internacionales por su impacto directo en la seguridad alimentaria, el conflicto en Irán ha interrumpido uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, una proporción relevante de gas natural licuado y aproximadamente un tercio del comercio global de fertilizantes.
El efecto inmediato ha sido una escalada en los costos energéticos que repercute directamente en la producción agrícola. Los fertilizantes nitrogenados, cuyo proceso industrial depende en gran medida del gas natural, han registrado aumentos de hasta 40% en mercados clave desde inicios de 2026. Este encarecimiento responde a la volatilidad en el suministro energético y a restricciones comerciales adoptadas por grandes productores, en un contexto de alta incertidumbre geopolítica.
El mercado global de fertilizantes, valorado en más de 170 mil millones de dólares, enfrenta así una disrupción estructural. La producción de amoníaco, base de los fertilizantes nitrogenados, requiere grandes volúmenes de gas natural como insumo y fuente energética. Cuando el precio del gas sube, el costo de producción se dispara de forma casi inmediata, trasladándose a los agricultores. A esto se suma la reducción de exportaciones desde países clave y la menor disponibilidad de potasa y fosfatos, elementos esenciales para la productividad agrícola.
En este escenario, economías dependientes de importaciones, como Perú, enfrentan una exposición significativa. Se estima que el país importa alrededor del 85% de los fertilizantes que utiliza, lo que deja a sus productores vulnerables frente a shocks externos. La falta de insumos o su encarecimiento obliga a ajustar decisiones productivas: reducir dosis de fertilización, cambiar cultivos o disminuir áreas sembradas.
Las consecuencias sobre los rendimientos son inmediatas. Estudios agronómicos indican que una reducción de entre 10% y 15% en la aplicación de nitrógeno puede disminuir la productividad del maíz hasta en 25%. Este impacto se amplifica en cultivos básicos como trigo y arroz, pilares de la dieta global. La menor oferta de granos también afecta la producción pecuaria, ya que el alimento balanceado representa entre 60% y 70% de los costos en la cría de ganado.
El encarecimiento del maíz y otros insumos se traduce en una presión alcista sobre productos derivados, desde carnes hasta alimentos procesados. En cadenas de suministro altamente integradas, cualquier disrupción en la base agrícola genera efectos en cascada que alcanzan al consumidor final con cierto rezago, usualmente entre dos y cuatro meses.
Otro factor crítico es la sincronización en el uso de fertilizantes. La ventana de aplicación es limitada y depende de las etapas fenológicas de los cultivos. Retrasos de apenas semanas pueden comprometer el rendimiento final de manera irreversible. En 2026, reportes indican que el suministro disponible en algunos mercados apenas alcanza el 75% de los niveles habituales en plena temporada de siembra, lo que incrementa el riesgo de pérdidas productivas.
Las proyecciones de organismos internacionales ya anticipan incrementos sostenidos en los precios de los alimentos durante el año, incluso bajo escenarios moderados. Aunque el impacto no será inmediato en todos los mercados, la tendencia apunta a un encarecimiento progresivo de la canasta básica.
En regiones vulnerables como Huánuco, donde una parte significativa de la población destina gran proporción de sus ingresos a la alimentación, el efecto podría ser más severo. La combinación de mayores costos logísticos, alzas en combustibles y presión sobre insumos agrícolas configura un escenario complejo para la estabilidad de precios y el acceso a alimentos en los próximos meses.