En las últimas décadas, la industria de alimentos ultraprocesados se ha consolidado como uno de los sectores más poderosos del mercado global, a través de campañas millonarias, estas corporaciones no solo logran mantener un consumo elevado de productos altos en azúcares, grasas y sodio, sino que además proyectan una imagen de empresas responsables, inclusivas y comprometidas con el medio ambiente.
Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde una estrategia calculada de lavado de imagen que busca ocultar los daños a la salud y al entorno.
El arte de aparentar responsabilidad
La narrativa empresarial se sostiene en distintos mecanismos de persuasión que han sido catalogados con términos como greenwashing, socialwashing y healthwashing. Estas prácticas funcionan como un escudo publicitario que distrae a los consumidores de los impactos negativos reales de los productos ultraprocesados.
- Greenwashing: se presenta cuando las marcas utilizan empaques reciclables, mensajes sobre ahorro de agua o energía y etiquetas de “eco-friendly” para proyectar sostenibilidad, aun cuando sus cadenas de producción son altamente contaminantes.
- Socialwashing: consiste en asociar los productos a causas sociales, como la inclusión LGBT+, la equidad de género o el apoyo a comunidades vulnerables. Estas iniciativas generan simpatía, pero no modifican las prácticas estructurales de la industria.
- Healthwashing o Nutriwashing: atribuye cualidades “saludables” a productos ultraprocesados, resaltando la adición de vitaminas o reducciones mínimas de azúcar, cuando en realidad siguen siendo alimentos con alto riesgo para enfermedades crónicas.
De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, estas tácticas son un modo de transferir la responsabilidad al consumidor: se le hace creer que puede salvar al planeta o cuidar su salud simplemente comprando una versión “mejorada” de los mismos productos dañinos.
Impacto en la política pública y la regulación
El poder económico de estas corporaciones se traduce también en influencia política. Un ejemplo claro en México fue el retraso de la tercera fase del etiquetado frontal de advertencia hasta 2028, decisión atribuida a la presión de la industria. Este sistema de advertencias, que ha mostrado eficacia en países como Chile y Perú, permite a los consumidores identificar de manera clara el exceso de azúcares, grasas y sodio. Postergar su aplicación significa un triunfo para las empresas y un retroceso para la salud pública.
Expertos como el doctor Simón Barquera señalan que estas tácticas dificultan la implementación de regulaciones basadas en evidencia científica. Al mismo tiempo, refuerzan la falsa idea de que los problemas de salud y ambientales pueden resolverse con decisiones individuales de consumo, sin necesidad de cambios estructurales en los sistemas productivos y de comercialización.
Ejemplos de marketing contradictorio
Los casos abundan en América Latina. En 2020, Doritos Rainbow, de PepsiCo, se presentó como una campaña que celebraba la diversidad LGBT+ en colaboración con instituciones culturales. Aunque la iniciativa generó visibilidad, no abordó los problemas de fondo relacionados con el impacto ambiental y nutricional de los productos de la empresa.
Otro caso se observa en Chiapas, donde Femsa, propietaria de Oxxo y embotelladora de Coca-Cola, financia proyectos comunitarios relacionados con el agua, mientras sus operaciones figuran entre las principales consumidoras del recurso en la región. Este tipo de contradicciones ilustran cómo el discurso de responsabilidad social convive con prácticas que perpetúan crisis ambientales y sociales.
El consumidor como actor político
Más allá de la mercadotecnia, algunos especialistas recuerdan que el consumo es también un acto político. Elegir qué productos comprar implica respaldar ciertos modelos de producción y rechazar otros. Sin embargo, la sofisticación de las campañas corporativas busca neutralizar esta reflexión y convencer al consumidor de que puede continuar con los mismos hábitos de compra sin culpa, bajo la promesa de que la marca ya “se encarga” de ser responsable.
Repensar la responsabilidad real
La industria de ultraprocesados ha perfeccionado su capacidad para parecer ética sin serlo. La responsabilidad genuina no puede limitarse a campañas publicitarias ni a empaques coloridos con mensajes de inclusión o sostenibilidad. Requiere cambios profundos en las cadenas de producción, reducción real de contaminantes, transparencia en la información nutricional y el cumplimiento de regulaciones que prioricen la salud de las personas.
En última instancia, desmontar este disfraz verde exige tanto consumidores más críticos como políticas públicas firmes que no cedan a las presiones corporativas. Solo así será posible frenar un modelo de negocio que, pese a su retórica de responsabilidad social, continúa alimentando enfermedades y deteriorando el medio ambiente.