La Universidad Nacional de Colombia ha desarrollado investigaciones innovadoras para combatir la contaminación por hongos en productos tradicionales como las arepas, envueltos y otros amasijos a base de maíz, con el fin de mejorar su conservación y garantizar su seguridad alimentaria.

Reducir la aplicación de cloro en un 25 % en fertilizaciones potásicas proporcionaría mayor productividad y calidad en los granos de café, además de representar un ahorro en los costos de producción y disminuir el impacto contaminante del nitrógeno en los fertilizantes.

En huertas caseras o sembradas en zonas recuperadas del abandono en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, seis mujeres de la capital siembran habas, lechugas, plantas aromáticas, tomate de árbol, acelgas, especias, calabaza, frijol, quinua, y papa criolla, entre otras variedades.

Sembrar cebolla larga o en rama, acompañada de otros cultivos como papa, lechuga o zanahoria, contribuye a la biodiversidad de los agro-ecosistemas, ya que amortigua los efectos perturbadores en el suelo, entre otros beneficios. Este ha sido uno de los principales hallazgos del proyecto

El Ariari, una reserva agroalimentaria en riesgo
Pese a que esta zona del Meta podría garantizar la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de las poblaciones que la conforman, su manejo actual se enfoca en la producción de cultivos como palma, cacao y café, los cuales no atienden las necesidades de la región.
“Por lo general los campesinos de esta región se enfrentan a todo tipo de afectaciones y problemas relacionados con la titulación de tierras, la imposibilidad de vender sus productos a precios justos o dificultad de acceso a vías para el transporte de sus cultivos, por lo que constantemente ven deteriorada su seguridad alimentaria y nutricional”.

Así lo señala la nutricionista y dietista Lizeth Melisa Medina Moreno, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien como descendiente de una familia campesina evaluó si efectivamente la política pública de seguridad alimentaria en el Meta está orientada a cumplir y garantizar el derecho alimentario en la zona del Ariari.

Asegura además que aunque estas políticas se describen como participativas, lo cierto es que los campesinos de la zona dicen que desconocen por completo la política de seguridad alimentaria y nutricional del departamento, así como las estrategias que abandera.

“Para garantizar las necesidades de un territorio es clave que las políticas públicas sean participativas, y eso es lo que se está intentando hacer ahora con la reformulación de las políticas de SAN en el país: volcarlas al derecho humano, a la alimentación”, comenta la magíster.

Agrega que “las comunidades campesinas se deben empoderar, pues algo que evidencié en mi trabajo de investigación es que estas pocas veces reclaman su derecho alimentario, ya que no ven al Estado como garante, lo que obedece en parte a la invisibilidad a la que han sido sometidos durante años”.

En su estudio, después de hacer una revisión de investigaciones relacionadas, hizo entrevistas a diferentes actores del territorio entre campesinos, coordinadores del mercado campesino de Villavicencio, ingenieros agrónomos asociados con las alcaldías de algunos municipios, y con quien entonces lideraba la política de SAN en el Meta.

Junto con su director de tesis, el profesor Fabio Alberto Pachón Ariza, la magíster aplicó una herramienta para evaluar las estrategias que tenía la política pública dentro del departamento y si tenía un enfoque de construcción participativa.

Una de las estrategias consistía en formar una zona agroalimentaria en la región del Ariari, ya que es la que produce más alimentos y abastece a gran parte del país. No obstante, esta zona busca consolidar cultivos que no están orientados a garantizar la alimentación en la población campesina, sino a la comercialización externa a través de productos como el café, el cacao y la palma.

Afectación directa al campesinado

Según las entrevistas que nutrieron la investigación, algunos campesinos relatan que su seguridad alimentaria y nutricional se ve directamente afectada, en parte porque no pueden vender sus productos, y cuando lo hacen se ven obligados a hacerlo a precios que no les generan ningún tipo de beneficio, ni siquiera para volver a cultivar lo cosechado. Ante esta situación, muchos de ellos prefieren perderlos o regalárselos a sus familias, vecinos o visitantes de la zona.

La situación se agrava por el hecho de que sus hijos ya no quieren trabajar la tierra y prefieren irse a los poblados de los municipios, pues dedicarse a sus cultivos no les garantiza tener lo suficiente para sostener un hogar. “Esto está haciendo que cada vez más nos encontremos con un campesinado envejecido, que con el tiempo influirá en la producción de alimentos y en la capacidad de consumo por parte del resto de la población colombiana, quienes dependemos en gran parte de ellos”, relata uno de los agricultores entrevistados.

Otra de las problemáticas es el poco acceso a vías que les permitan transportar sus productos. “Este departamento tiene zonas donde no llegan los camiones, y cuando lo hacen tardan mucho tiempo, por lo que los campesinos deben pagar altos costos en esta logística que les genera pérdidas económicas y poca rentabilidad para sus cosechas”, describe la investigadora.

Por último, los campesinos relatan que muchos de ellos no cuentan con la titulación de sus tierras, lo que les afecta al momento de solicitar un crédito ante alguna entidad financiera para sacar a flote sus productos.

Las políticas de innovación que promueven estrategias de difusión y generan redes de conocimiento son las que mejores resultados arrojan cuando se busca una transición hacia la sostenibilidad. A esa conclusión llegó un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, en el cual se hicieron simulaciones con base en la cadena productiva del café en Antioquia.