Reconocido porcinocultor e industrial panameño, advierte que si no se toman medidas estructurales y estratégicas para fortalecer el agro, el país podría perder una actividad económica que hoy emplea a más de 365 mil personas, principalmente en zonas rurales.
A medida que Panamá se aproxima a cumplir nuevas fases de desgravación arancelaria bajo el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, especialmente con la inminente eliminación del arancel para la carne de cerdo en 2026, crece la preocupación entre productores agropecuarios por el impacto en el empleo rural y la seguridad alimentaria del país.
El agro como pilar del empleo rural
Contrario a la percepción de que el sector agropecuario es poco relevante por su bajo aporte al Producto Interno Bruto (PIB), Pitty argumenta que su verdadero valor está en su capacidad para generar empleo y sostener economías locales. Además, destaca que industrias avícolas grandes en el país emplean a más personas que el propio Canal de Panamá. “Esto no lo sabe casi nadie. Hablamos de más de 8,000 empleos directos, sin contar los indirectos”, precisa.
Desafíos del TPC y el riesgo de la desprotección
El TPC, firmado en 2007 y en vigencia desde 2012, contempla una desgravación progresiva de productos agropecuarios. El arroz será el último producto sensitivo en quedar exento de aranceles en 2031, pero el sector porcino ya enfrenta su turno en 2026.
“El error fue poner a competir una economía pequeña como la nuestra con la de Estados Unidos, que tiene todos los subsidios, tecnología y acceso al crédito”, denuncia Pitty. “Nos vendieron la idea de que los consumidores se beneficiarían con precios bajos, pero eso no ha ocurrido. El beneficio se lo queda el importador, no el consumidor”.
Para ilustrar la asimetría, recuerda que Panamá exportaba carne vacuna a Estados Unidos antes del TPC, pero tras su implementación, las barreras sanitarias impuestas lo impidieron. En cambio, los productos estadounidenses entran sin restricciones.
¿Qué se está haciendo para promover el agro?
Pitty es crítico del papel institucional en el desarrollo del sector, pero también reconoce que existen herramientas legales y esfuerzos técnicos que deben fortalecerse y aplicarse con seriedad.
“La ley de política agroalimentaria existe, pero no se aplica como debería. Hay que entender que no es un documento político; fue elaborado con el consenso de más de 120 profesionales del sector desde la administración de Juan Carlos Varela”, indica.
Agrega que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) debe dejar de ser solo una institución de asistencia y convertirse en un ente planificador. Para ello, se requiere fortalecer capacidades técnicas, incluso con apoyo internacional, y crear sistemas de información confiables para prevenir la saturación del mercado.
“Necesitamos saber cuándo sembrar y cuándo no. Hoy, todos siembran al mismo tiempo porque no hay estadísticas confiables ni planificación productiva”, advierte.
Rediseñar el agro: diálogo, técnica y metas claras
El camino, según Pitty, pasa por una transformación estructural del sector, con el Estado como facilitador y no como administrador de tiendas. Plantea que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) debería dedicarse al análisis del mercado, no a vender productos a precios subsidiados.
“Lo que se requiere es formación técnica, acceso al crédito con reglas claras, y acompañamiento para que los pequeños productores —que representan el 85% del sector— puedan competir en condiciones justas”, subraya.
También propone que las autoridades se sienten con gremios, productores y especialistas para trazar un plan estratégico de mediano y largo plazo. “No podemos depender de los alimentos importados. Si cae el agro, cae el empleo y cae el comercio en el interior”, concluye.
En este escenario, la porcinocultura ha sido uno de los sectores con mejor desempeño reciente, gracias al aumento en el consumo de carne de cerdo ,18.5 kg per cápita al año, uno de los más altos de América Latina, pero enfrenta un futuro incierto si no se garantiza la competitividad nacional frente a las importaciones. Preservar y desarrollar la agricultura ya no es una opción ideológica: es una necesidad estratégica para Panamá.