En México, garantizar el acceso al agua potable no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una condición indispensable para el desarrollo sostenible de la industria alimentaria.
La estrecha relación entre la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria ha sido puesta en evidencia por el doctor Hugo Melgar Quiñonez, académico de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad McGill, Canadá, durante la conferencia virtual “La importancia de la seguridad hídrica para la seguridad alimentaria y nutricional”, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Red ILAR.
Según el especialista, la falta de acceso al agua potable en muchas zonas vulnerables de América Latina, incluyendo México, obliga a las poblaciones a tomar decisiones extremas, como comprar agua a precios elevados o consumir agua no apta para el consumo humano. En algunos casos, las familias priorizan la compra de agua sobre la compra de alimentos, enfrentando una doble carga de malnutrición y deshidratación. Este fenómeno no solo compromete la salud pública, sino que limita directamente el acceso a una alimentación adecuada.
Pero el problema no se limita al consumo doméstico. La industria alimentaria mexicana, uno de los pilares económicos del país, también se ve afectada por la gestión ineficiente y desigual del recurso hídrico. En diversas regiones del país, el agua disponible es dirigida primero al sector industrial —incluyendo la industria de alimentos y bebidas— antes de atender las necesidades básicas de las comunidades. Aunque esta asignación responde a la necesidad de mantener operativas cadenas productivas clave, plantea serios dilemas éticos y de sostenibilidad.
La paradoja es evidente: mientras millones de personas carecen de agua potable, sectores industriales intensivos en el uso de agua —como la producción de bebidas embotelladas o alimentos procesados— acaparan gran parte del recurso. Esto genera tensiones sociales y debilita la legitimidad de las políticas públicas, especialmente cuando las comunidades perciben que sus necesidades básicas son subordinadas al crecimiento económico.
Adicionalmente, el experto alertó sobre la existencia de prácticas ilegales, como el robo de agua por parte de los llamados “huachicoleros del agua”, quienes desvían el líquido en su trayecto hacia las comunidades vulnerables para comercializarlo de forma clandestina. Esta situación agrava la escasez y pone en riesgo tanto a la población como al funcionamiento ordenado del sistema hídrico nacional.
En el ámbito agrícola, el agua es esencial para la producción de alimentos. Sin embargo, gran parte de la que se destina al campo no se orienta a garantizar el abasto local, sino a la producción de commodities —productos agrícolas destinados a la exportación— como aguacate, frutos rojos o caña de azúcar. Este modelo, aunque rentable, no siempre garantiza la seguridad alimentaria nacional y acentúa la presión sobre los recursos naturales.
Melgar Quiñonez fue enfático en señalar que, si bien la importancia del agua para la seguridad alimentaria parece evidente, el tema aún es poco discutido en la formulación de políticas públicas. Propuso, por tanto, integrar ambas dimensiones —hídrica y alimentaria— en las decisiones estratégicas del Estado mexicano. Esto implica generar mejores datos, instrumentos confiables de medición y diagnósticos científicos que sirvan como base para tomar decisiones informadas y equitativas.
En palabras del académico, “la seguridad hídrica no puede seguir siendo tratada como un problema técnico aislado; debe ser vista como una prioridad estructural para el bienestar, la nutrición y el desarrollo económico del país”. Si México quiere fortalecer su industria alimentaria, mejorar el acceso a los alimentos y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe asegurar primero el acceso equitativo y sostenible al agua.
El reto no es menor, pero tampoco es imposible. Requiere voluntad política, visión de largo plazo, y una comprensión integral del agua como un recurso estratégico que sostiene tanto la vida como el desarrollo económico.