La industria de licores y bebidas alcohólicas en Colombia genera uno de los perfiles de efluentes industriales más complejos del sector alimentario, los vertimientos de plantas de destilación contienen altos niveles de demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos, residuos de fermentación y compuestos orgánicos volátiles que, sin tratamiento adecuado, representan una amenaza directa para las fuentes hídricas.
En ese contexto, la Empresa de Licores de Cundinamarca acaba de poner en operación una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas e Industriales que reduce hasta el 95% la carga contaminante de sus procesos productivos y administrativos, un resultado que no solo cumple con la normatividad ambiental colombiana sino que establece un referente técnico para toda la cadena de bebidas de la región.
La tecnología elegida es un sistema biológico aerobio tipo IFAS —Integrated Fixed-Film Activated Sludge— que combina el proceso de lodos activados convencional con biopelículas adheridas a soportes plásticos sumergidos. Esa combinación permite que bacterias especializadas en degradación de materia orgánica colonicen tanto la fase suspendida como los soportes sólidos del reactor, duplicando la biomasa activa disponible en el mismo volumen de tratamiento y aumentando significativamente la eficiencia de remoción de demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales.
Los rendimientos del orden del 95% que exige la normativa colombiana para vertimientos del sector de vinos y licores son precisamente los que la PTARID de la ELC alcanza en operación real, con una capacidad nominal de 0.66 litros por segundo y un caudal operativo de 0.25 litros por segundo que atiende tanto las aguas industriales de producción como las domésticas de las áreas administrativas.
El impacto de esta inversión trasciende el cumplimiento regulatorio. La industria de bebidas en Colombia mueve más de 15 billones de pesos anuales y enfrenta una presión creciente por parte de consumidores, reguladores e inversionistas que exigen trazabilidad ambiental verificable en toda la cadena de producción. Las certificaciones de sostenibilidad se han convertido en requisito de acceso para mercados de exportación y para licitaciones con el sector público, y la gestión del agua es uno de los indicadores más escrutados por los sistemas de evaluación ESG. Para una empresa de propiedad pública como la ELC —cuyos dividendos financian programas sociales del departamento de Cundinamarca— demostrar excelencia ambiental es también una forma de blindar la legitimidad del modelo frente a cuestionamientos sobre el rol del Estado en la industria de bebidas alcohólicas.
El contexto latinoamericano amplifica la relevancia del paso dado. América Latina tiene los mayores índices de estrés hídrico proyectado para 2030 de todo el hemisferio occidental, con Colombia, Perú, Chile y México entre los países que enfrentarán presiones críticas sobre disponibilidad de agua potable en las próximas dos décadas. La industria de alimentos y bebidas consume entre el 20% y el 30% del agua industrial de la región, y las plantas de tratamiento de efluentes siguen siendo la excepción en las empresas medianas del sector. Que una licorería pública de escala regional demuestre que el tratamiento biológico de alta eficiencia es técnica y económicamente viable es el argumento más concreto disponible para acelerar la adopción de estos sistemas en toda la cadena productiva latinoamericana de bebidas.