La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ordenó la incautación de todos los productos fabricados por la empresa PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. ME, incluidos sus suplementos alimenticios. La decisión llegó tras comprobar que la compañía no operaba en el domicilio registrado ante las autoridades. La medida quedó formalizada en la Resolución RE 4.001/2026, del 8 de octubre, publicada en el Diario Oficial de la Unión.
La decisión se originó en una inspección de la Vigilancia Sanitaria Municipal de Marataízes, en el estado de Espírito Santo. Al acudir a la dirección declarada por la empresa, los fiscales constataron que se trataba de una vivienda particular, sin ninguna actividad industrial ni establecimiento comercial en funcionamiento. Como no era posible verificar el origen, las condiciones de fabricación ni el control de calidad de los productos, la agencia los clasificó como de procedencia desconocida.
La resolución prohíbe la fabricación, importación, distribución, publicidad y uso de todos los productos de la empresa. La restricción no se limita a lotes específicos: alcanza la totalidad de su portafolio.
Este tipo de acciones es frecuente en el mercado brasileño de suplementos, uno de los más grandes de América Latina y con un crecimiento sostenido en los últimos años. La expansión de la categoría responde al interés en la nutrición deportiva, el bienestar y la longevidad. Con ella han proliferado los productos vendidos sobre todo por canales digitales, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, donde la fiscalización resulta más compleja.
El marco regulatorio brasileño para suplementos alimentarios se reorganizó a partir de 2018. Ese año, la Anvisa creó una categoría específica con listas de ingredientes autorizados, límites mínimos y máximos de nutrientes y sustancias bioactivas, y reglas para las declaraciones permitidas en el etiquetado. Aunque la mayoría de estos productos están exentos de registro previo, los fabricantes deben operar en establecimientos con licencia sanitaria vigente y cumplir con buenas prácticas de fabricación.
Precisamente en ese punto se concentran muchas de las irregularidades que detecta la autoridad sanitaria. Empresas sin instalaciones reales, fabricantes no identificados o productos con información falsa sobre su origen representan un riesgo directo para los consumidores. En esos casos no hay garantía sobre la composición, la dosificación ni la ausencia de contaminantes o sustancias no permitidas.
Para la industria formal, estos casos tienen un impacto que va más allá de la empresa sancionada. La circulación de productos irregulares erosiona la confianza del consumidor en la categoría. También genera una competencia desleal frente a los fabricantes que invierten en instalaciones certificadas, control de calidad, estudios de estabilidad y cumplimiento normativo.
Las asociaciones del sector han insistido en reforzar la fiscalización en los canales digitales y mejorar la trazabilidad de los productos, para que los consumidores puedan verificar la legitimidad de los fabricantes antes de comprar. La Anvisa mantiene un sistema público de consulta de productos y empresas regularizadas, así como un canal para denunciar irregularidades.
Para distribuidores, minoristas y plataformas de venta en línea, la medida también recuerda su responsabilidad de verificar a sus proveedores. Vender productos alcanzados por una resolución de prohibición puede acarrear sanciones administrativas. Por eso, revisar periódicamente las publicaciones de la Anvisa forma parte de las buenas prácticas de cumplimiento del sector.