En un país donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, la seguridad alimentaria no puede dejarse al azar.
En Argentina, la garantía de alimentos seguros, saludables y accesibles es una responsabilidad del Estado, pero también un compromiso que debe involucrar a toda la cadena agroalimentaria: desde los productores hasta la industria y los consumidores.
Bajo este enfoque, el derecho a la alimentación se reconoce como un derecho humano básico, respaldado por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales. Sin embargo, su implementación práctica enfrenta desafíos estructurales y fragmentación en los mecanismos de regulación.
Tres niveles de regulación alimentaria
En Argentina, la regulación de la alimentación y la seguridad alimentaria se organiza en tres grandes bloques, cada uno con funciones, marcos normativos y organismos diferentes.
1. Acceso y asistencia alimentaria (Políticas sociales):
Este ámbito se enfoca en combatir el hambre y mejorar el acceso a alimentos, especialmente en sectores vulnerables. Las políticas en esta área están a cargo del Ministerio de Capital Humano (antes Desarrollo Social), y se canalizan mediante programas como tarjetas alimentarias, comedores comunitarios y ayudas económicas a través de ANSES. Si bien se plantea desde una lógica de derechos humanos, en la práctica funciona con un enfoque asistencialista, paliando situaciones de emergencia sin atacar el problema de fondo: la malnutrición estructural.
2. Inocuidad y control comercial:
Aquí se asegura que los alimentos que llegan al consumidor sean seguros y cumplan estándares de calidad. El Código Alimentario Argentino (CAA) es la norma central en este punto. Establece las características que deben cumplir todos los alimentos y bebidas en el país. Este sistema es coordinado por el Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA), en el que participan la ANMAT, el SENASA y las autoridades sanitarias provinciales. Su objetivo es proteger al consumidor y garantizar la transparencia en la comercialización de productos alimentarios.
3. Producción de alimentos y agricultura:
En este bloque interviene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que regula la producción de alimentos en el campo, tanto para el consumo interno como para la exportación. Aquí conviven dos modelos: uno agroindustrial, enfocado en la exportación a gran escala, y otro que promueve la agricultura familiar, orgánica o agroecológica. Este contraste genera tensiones entre productividad económica y sostenibilidad social y ambiental.
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: un cambio estructural
Uno de los avances más significativos en los últimos años ha sido la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley PAS). Esta norma busca ir más allá del enfoque asistencialista, promoviendo transformaciones en la industria alimentaria.
Entre sus puntos clave destacan:
- Etiquetado frontal obligatorio en productos con exceso de azúcar, sodio o grasas.
- Restricciones en la publicidad dirigida a niños sobre alimentos no saludables.
- Prioridad en compras públicas a productos sin sellos de advertencia.
- Fomento de alimentos naturales y regionales, especialmente aquellos provenientes de la agricultura familiar.
Estas medidas buscan empoderar al consumidor, especialmente en contextos de vulnerabilidad, y repartir la responsabilidad del acceso a alimentos saludables entre Estado, industria y sociedad.