La forma de evaluar un servicio de alimentación corporativa cambió de raíz, ya no alcanza con un menú atractivo o un precio competitivo: hoy las organizaciones auditan procesos, trazabilidad y controles antes de firmar un contrato.
En ese contexto, SUPRA Soluciones Alimenticias, empresa mendocina perteneciente al Grupo Broda, obtuvo la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) bajo la norma IRAM-NM 324:2010, otorgada por Lenor Group.
La norma, que reemplazó a la antigua IRAM 14102:2007, establece los requisitos de buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria y es aplicable a actividades como elaboración, industrialización, almacenamiento y transporte de alimentos, con el objetivo de garantizar la higiene y la inocuidad de los productos destinados al consumo humano.
En la práctica, esto implica auditar cada eslabón de la cadena: infraestructura, calibración de equipos, control de plagas, higiene del personal, gestión del agua y trazabilidad del producto terminado, entre otros puntos que suelen figurar en los checklists de certificación del sector.
Scribd
En el caso de SUPRA, la certificación abarca la elaboración de viandas y preparaciones culinarias refrigeradas junto con la producción de pastas frescas congeladas, cubriendo todo el circuito productivo: recepción de materias primas, preparación, cocción, envasado, almacenamiento y despacho.
Un mercado que crece y exige más garantías
El movimiento de SUPRA no es un caso aislado, sino parte de una tendencia global. El mercado mundial de servicios de alimentos institucionales está proyectado para crecer de 579.420 millones de dólares en 2025 a 915.080 millones de dólares hacia 2032, con una tasa compuesta anual del 6,75%. A nivel más amplio, el segmento de contratistas de catering y servicios de alimentación alcanzaría los 412.490 millones de dólares en 2026, en camino a superar los 589.000 millones hacia 2035.
Ese crecimiento viene de la mano de un cambio estructural en la demanda. Más del 62% de las organizaciones está migrando hacia modelos de catering tercerizado, mientras que cerca del 58% de las instituciones prioriza programas de alimentación estructurados para sostener eficiencia operativa y consistencia en el servicio.
En paralelo, la agenda de sostenibilidad empieza a pesar tanto como la inocuidad: nueve de cada diez departamentos de compras ya incluyen cláusulas de emisiones en sus procesos de licitación, lo que obliga a los proveedores a mostrar datos verificables, no solo declaraciones de intención.
En Argentina, el peso del sector alimenticio en la economía real refuerza la relevancia de estos estándares: la industria de alimentos y bebidas representa cerca del 30% del PBI industrial y el 33% del empleo industrial del país, además de concentrar buena parte de las exportaciones nacionales.
Argentina Alimenta
La certificación como piso, no como techo
Para Juan Pesce, gerente general de SUPRA, la certificación BPM formaliza una disciplina de trabajo diaria: procedimientos documentados, capacitación constante del personal y controles permanentes en cada turno de producción, más que el resultado puntual de una auditoría.
El desafío, coinciden en la compañía, empieza después del certificado: sostener los estándares frente a exigencias cada vez mayores por parte de empresas, hospitales y organismos públicos. Esta certificación se suma al perfil de SUPRA como Empresa B, con más de 70 años de trayectoria dentro del Grupo Broda, y se inscribe en una estrategia de mediano plazo donde la confianza del cliente institucional depende tanto de la calidad de cada plato como de la robustez de los procesos que hay detrás.