La Corporación de Fomento de la Fruticultura de Chile, Frutas de Chile, manifestó su preocupación tras conocer la resolución de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que confirma un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones chilenas, en el marco de una investigación abierta bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
La medida no es exclusiva para Chile: forma parte de un paquete que reemplaza el arancel global temporal de 10% que regía desde meses atrás y que expiraba esta semana, y alcanza a 60 economías responsables de cerca del 99,4% de las importaciones de Estados Unidos. El argumento oficial de Washington apunta a que estos países no habrían implementado controles suficientes para impedir el ingreso de bienes elaborados con mano de obra forzada. Chile quedó en el tramo más alto de la escala, junto a otras 41 economías como Brasil, Perú, Colombia, China e Israel, mientras socios como Argentina, Canadá, México, India y el Reino Unido recibieron un gravamen menor, de 10%.
El Mostrador + 3
La investigación había sido iniciada en marzo por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular buena parte de los aranceles globales previos de la administración Trump, lo que llevó a Washington a recurrir a mecanismos legales alternativos para sostener su estrategia arancelaria. Según el propio texto de la USTR, la resolución no acredita que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos específicos bajo esa condición: la sanción responde a una diferencia de criterio sobre la solidez de los mecanismos regulatorios laborales reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense.
La postura del gremio exportador
Durante el proceso de audiencias ante el USTR, Frutas de Chile presentó antecedentes técnicos, económicos y comerciales para excluir a la fruta fresca de la medida. El argumento central: la oferta chilena no compite con la producción interna de Estados Unidos, sino que la complementa gracias a la producción en contraestación, lo que permite sostener el abastecimiento de fruta fresca durante buena parte del año y beneficia directamente a consumidores, cadenas de supermercados y distribuidores estadounidenses.
El gremio también remarcó que el país cuenta con una institucionalidad laboral consolidada, normativa robusta y mecanismos de fiscalización alineados con los estándares exigidos por los principales mercados de destino, y que las cadenas de suministro frutícolas operan bajo esquemas de trazabilidad y auditoría externa.
El respaldo económico de ese argumento es significativo: estudios de la consultora Delphi & Peterson Solutions estiman que la fruta chilena genera un impacto económico cercano a US$3.500 millones por temporada en territorio estadounidense, aporta cerca de US$2.000 millones al PIB de ese país y sostiene aproximadamente 19.500 empleos directos cada campaña, cifras que el sector exportador utiliza como evidencia de la complementariedad —y no competencia— entre ambas economías frutícolas.
Próximos pasos
El gremio aclaró que la resolución no constituye un pronunciamiento sobre prácticas laborales específicas del sector frutícola chileno, sino el resultado de una evaluación regulatoria de alcance global. Con ese diagnóstico, Frutas de Chile anunció que continuará colaborando con la Cancillería, el Ministerio de Agricultura y otros organismos competentes para avanzar en una negociación bilateral que permita revisar el arancel, en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países, y preservar así una relación comercial que ha probado ser mutuamente beneficiosa durante más de dos décadas.