A partir de 2026, el acceso a refrescos y otros productos con alto contenido de azúcar mediante cupones alimentarios comenzó a restringirse en varios estados de Estados Unidos, en un giro relevante para la política pública de nutrición y para la industria de bebidas.
La medida se enmarca en un cambio de enfoque del gobierno federal, que busca alinear los programas de asistencia alimentaria con objetivos de salud pública y reducción de enfermedades crónicas.
El detonante más reciente fue el anuncio del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien informó que las nuevas directrices federales desaconsejan el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para la compra de refrescos y productos con alto contenido de azúcar añadida. Aunque el SNAP es administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las recomendaciones federales abren la puerta a restricciones estatales más estrictas. La disposición no aplica a Puerto Rico, donde el apoyo alimentario se canaliza mediante el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), con reglas propias.
En un mensaje difundido en la red social X, Kennedy Jr. sostuvo que las guías alimentarias previas respondían más a intereses comerciales que a criterios científicos. “Las directrices dietéticas anteriores estaban impulsadas por los intereses mercantiles de la industria alimentaria. Nuestras nuevas directrices tienen un mensaje simple: come comida real”, escribió, aludiendo a la necesidad de priorizar alimentos mínimamente procesados.
Desde una perspectiva sanitaria, el argumento central es la evidencia acumulada sobre la relación entre el consumo elevado de bebidas azucaradas y el aumento en la prevalencia de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Estudios epidemiológicos y metaanálisis han mostrado que el consumo regular de refrescos incrementa el riesgo metabólico, especialmente en poblaciones de bajos ingresos, que son precisamente las principales beneficiarias del SNAP.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria atiende a más de 40 millones de personas en Estados Unidos y representa uno de los principales instrumentos de política social para garantizar el acceso a alimentos. El beneficio se entrega a través de tarjetas electrónicas EBT, recargadas mensualmente, cuya administración recae en los estados. Aunque el marco general del programa es federal, la normativa permite exenciones para que los estados limiten la compra de productos considerados de bajo valor nutricional.
En términos generales, el SNAP permite la adquisición de frutas y verduras, carnes, aves y pescado, productos lácteos, panes y cereales, así como snacks y bebidas no alcohólicas. También autoriza la compra de semillas y plantas para producir alimentos en casa. Las prohibiciones históricas —que se mantienen para 2026— incluyen alcohol, tabaco, cannabis, vitaminas y suplementos, alimentos calientes en el punto de venta y artículos no alimentarios.
Lo que cambia este año es la aplicación de restricciones adicionales en al menos 18 estados, que ya cuentan con autorizaciones federales otorgadas durante la administración Trump. Entre ellos se encuentran Indiana, Iowa, Nebraska, Utah, West Virginia, Idaho, Oklahoma, Louisiana, Colorado, Texas, Virginia, Florida, Arkansas, Tennessee, Hawái, Carolina del Sur, Dakota del Norte y Missouri. Las fechas de entrada en vigor varían a lo largo de 2026, pero el denominador común es la exclusión de refrescos, bebidas energéticas, dulces y, en algunos casos, otros alimentos altamente procesados.
Para la industria de bebidas y alimentos, estas decisiones representan un cambio estructural en el entorno comercial, especialmente en mercados con alta dependencia del consumo vía programas sociales. Para las familias beneficiarias, en particular las comunidades hispanas concentradas en estados como Texas y Florida, el ajuste implica modificar hábitos de compra y priorizar productos básicos.
Las autoridades federales recomiendan a los usuarios del SNAP revisar las reglas específicas de su estado, ya que las restricciones no son uniformes y podrían ampliarse en los próximos meses. El objetivo declarado es claro: reorientar el gasto público hacia una alimentación más saludable y reducir, a mediano y largo plazo, los costos sanitarios asociados al consumo excesivo de azúcar.