En un contexto donde productos emblemáticos como el champagne o el jamón de Parma cuentan con protecciones internacionales que los distinguen y valorizan en los mercados globales, el dulce de leche argentino sigue sin una Indicación Geográfica (IG) ni una Denominación de Origen (DO), a pesar de ser un símbolo cultural y gastronómico de la Argentina con impacto económico creciente.
Esta situación fue recientemente analizada por expertos del sector alimentario ante el debate reactivado por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
La producción de dulce de leche en Argentina ronda entre 125.000 y 130.000 toneladas al año, aunque la mayor parte se destina al mercado interno, con un consumo per cápita que supera los 2,2 kilos por habitante anuales. Las exportaciones se mantienen en torno al 3–4 % de la producción total, con volúmenes de alrededor de 4.000 a 4.300 toneladas anuales, generando cerca de US$ 7,7 millones en 2023 y concentrándose principalmente en Chile, Brasil y Estados Unidos.
A diferencia de alimentos y bebidas con IG o DO, como el champagne, el Roquefort o el tequila mexicano —productos cuya denominación obliga a cumplir normas estrictas de producción y origen regional— el dulce de leche no puede emplear su nombre como un sello de autenticidad protegido. Estas denominaciones, además de preservar recetas y métodos productivos, establecen parámetros de calidad y reducen la competencia desleal de imitaciones o productos genéricos.
La normativa argentina define técnicamente al dulce de leche como un producto obtenido por concentración de leche y azúcar con parámetros de humedad y posibles variantes como el “repostero” o “alfajorero”, pero esa definición solo rige en el mercado interno. En cambio, en el plano internacional cualquier productor puede elaborar y comercializar una crema similar bajo nombres como arequipe, manjar o incluso como “dulce de leche” en países donde no existe protección, lo que fragmenta el mercado global y reduce el potencial de diferenciación del producto argentino.
Un factor clave detrás de la falta de IG o DO es la diversidad regional del producto dentro de Argentina. A diferencia de un vino espumante o un queso con producciones limitadas a zonas geográficas específicas, el dulce de leche se elabora en casi todas las provincias del país, en escalas que van desde pequeñas producciones artesanales hasta grandes industrias. Esa expansión multi‑regional dificulta establecer un argumento único de origen que justifique una protección geográfica exclusiva.
Además, no existe un protocolo territorial consensuado que defina ingredientes permitidos, parámetros de calidad, métodos de elaboración ni sistemas de certificación que funcionen como base para una IG o DO; esto complica la formulación de un pliego técnico capaz de sostener un proceso de registro a nivel internacional.
La falta de una organización solicitante fuerte también limita el avance. Las denominaciones geográficas exitosas suelen ser promovidas por grupos estructurados de productores, instituciones públicas y privadas que se encargan de auditorías, certificación, defensa del nombre y promoción conjunta. Sin este respaldo institucional, la propuesta de IG o DO para el dulce de leche carece de impulso estratégico dentro y fuera del país.
Finalmente, el hecho de que “dulce de leche” funcione como nombre genérico de una categoría de producto y no como una identidad territorial exclusiva añade complejidad a cualquier intento de protegerlo.
Sin embargo, la ausencia de protección no impide que empresas argentinas líderes, como las que exportan a más de 20 mercados en Asia, Europa y América, sigan posicionando el dulce de leche como un producto diferenciado en nichos especializados, apoyándose en estrategias comerciales y en certificaciones de calidad cada vez más exigentes. El desafío ahora es traducir ese reconocimiento en una herramienta jurídica que permita al dulce de leche argentino competir con mayor fuerza y claridad en el escenario internacional.