Con más de 820 millones de bolivianos invertidos en plantas procesadoras de alimentos, Chuquisaca se posiciona como un punto clave dentro del plan nacional de industrialización.
La apuesta del Gobierno central busca diversificar la economía y reducir la dependencia de las importaciones, apostando por una transformación productiva a nivel regional. Sin embargo, el riesgo de que estas infraestructuras se conviertan en “elefantes blancos” es una preocupación creciente.
Una apuesta sin base productiva
El problema no radica en la magnitud de la inversión, sino en la sostenibilidad del modelo. Varias de las plantas construidas están sobredimensionadas y no responden a la realidad productiva del departamento. La planta de procesamiento de chirimoya en el municipio de Presto es uno de los ejemplos más críticos: fue diseñada para procesar 2.000 toneladas al año, cuando la producción local apenas alcanza las 10.
Esta brecha entre capacidad instalada y disponibilidad de materia prima revela una ausencia de planificación integral, donde no se ha considerado la cadena productiva previa. La infraestructura existe, pero no hay insumos suficientes, ni técnicos capacitados, ni logística adecuada para garantizar su funcionamiento.
Además, muchas de estas plantas pasarán a manos de gobiernos municipales que enfrentan presupuestos limitados y serias restricciones operativas. En plena crisis económica, muchos municipios apenas pueden cubrir sus gastos básicos, lo que complica aún más la gestión de proyectos industriales complejos.
Dudas desde el sector privado
El empresariado local también observa con escepticismo este modelo. Para ellos, el rol del Estado debería enfocarse en crear condiciones para el emprendimiento, y no en competir directamente con el sector privado. Advierten que muchas empresas estatales han acumulado pérdidas en lugar de dinamizar la economía. Sin una visión estratégica que integre recursos como energía, agua, transporte y mercado, estos proyectos estarían condenados al fracaso.
Se critica, además, la falta de seguridad jurídica y planificación, elementos clave para incentivar la inversión privada y generar empleo sostenible. La industrialización, señalan, debe construirse sobre una base productiva real, no solo sobre cemento y maquinaria.
Viabilidad en entredicho
El presupuesto departamental en descenso también pone en duda la sostenibilidad de estas iniciativas. Para 2026, Chuquisaca contará con solo 310 millones de bolivianos para su funcionamiento, frente a los 350 millones de años anteriores, mientras sus competencias siguen aumentando.
En este contexto, los candidatos que disputan la segunda vuelta para la Gobernación, Roberto Castro (PDC) y Jhon Cava (Libre), ya han anticipado que evaluarán caso por caso la viabilidad de estas plantas. No descartan cerrarlas si representan más pérdidas que oportunidades reales.
¿Transformación o espejismo?
A nivel nacional, el Gobierno ha impulsado más de 170 plantas industriales con una inversión superior a 3.500 millones de dólares, bajo el sello de la “industrialización con sustitución de importaciones”. Pero en regiones como Chuquisaca, la ejecución de este modelo enfrenta serias debilidades estructurales.
La clave estará en construir una articulación real entre el Estado, los municipios, el sector privado y los productores. Solo una planificación integral permitirá que estas inversiones se conviertan en motores de desarrollo y no en monumentos al despilfarro.