La crisis laboral en Granja Tres Arroyos, uno de los mayores grupos avícolas de Argentina, volvió a quedar en evidencia tras el pago fragmentado de salarios y aguinaldos, una práctica que ya se repite en distintos puntos del país y que revela tensiones profundas en la cadena alimentaria.
En la planta de Pilar, más de 300 trabajadores sostienen protestas y medidas de fuerza frente a una deuda salarial que se arrastra desde hace meses, en un contexto de caída del consumo, presión financiera y reconfiguración del negocio agroindustrial.
El conflicto escaló cuando la empresa propuso cancelar el aguinaldo de diciembre en cuatro cuotas, extendidas hasta mayo de 2026. Los operarios denuncian que solo percibieron alrededor de 100.000 pesos, frente a un monto total cercano a 1,5 millones, lo que deteriora severamente su poder adquisitivo y los obliga a recurrir a trabajos informales o endeudamiento para cubrir gastos básicos. A esta situación se suman retrasos en aportes previsionales, pagos a obras sociales y recortes salariales aplicados de manera unilateral.
Granja Tres Arroyos es un actor clave del mercado avícola: procesa millones de pollos por mes, abastece el consumo interno y mantiene operaciones de exportación hacia América Latina, Asia y África. El sector avícola argentino se caracteriza por márgenes ajustados, alta dependencia del costo del maíz y la soja para alimentación animal, y un fuerte impacto de las variaciones cambiarias y energéticas. En los últimos trimestres, el encarecimiento de insumos, la apertura de importaciones y la contracción del mercado interno presionaron la rentabilidad de las empresas, incluso de las más integradas.
Desde fines de 2024, la firma opera bajo un procedimiento preventivo de crisis que habilitó esquemas excepcionales de pago y reducción de costos laborales. Según delegados gremiales, esa herramienta terminó funcionando como un mecanismo de ajuste permanente: hubo despidos, retiros voluntarios y suspensiones, mientras la producción no mostró una caída proporcional. Datos sectoriales indican que la faena avícola se mantuvo relativamente estable, apoyada en exportaciones, aunque con precios internacionales volátiles y mayores exigencias sanitarias y logísticas.
El caso de Granja Tres Arroyos no es aislado. En toda la industria alimentaria se repiten conflictos similares: plantas con salarios en cuotas, suspensiones rotativas y negociaciones a la baja. El consumo masivo acumula meses de retroceso y los salarios reales siguen por debajo de la inflación acumulada, lo que reduce la demanda de proteínas animales y obliga a las empresas a recalcular volúmenes, turnos y dotaciones.
En paralelo, el Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que propone cambios estructurales en las relaciones de trabajo, como mayor flexibilidad en la contratación, esquemas alternativos de pago y modificaciones en el sistema indemnizatorio. Para el sindicalismo, estas iniciativas llegan en un momento crítico, con destrucción de empleo registrado y aumento de la informalidad, y podrían consolidar prácticas que hoy aparecen como excepcionales, como el pago diferido de salarios.
Desde el punto de vista productivo, analistas del sector advierten que la sostenibilidad de la avicultura requiere previsibilidad macroeconómica, acceso al crédito, inversión en tecnología y mejoras en bioseguridad y eficiencia energética. Sin esas condiciones, los ajustes tienden a trasladarse al eslabón laboral, generando conflictos recurrentes y pérdida de capital humano calificado.
La situación en Granja Tres Arroyos sintetiza un problema mayor: una industria estratégica para la seguridad alimentaria enfrenta un delicado equilibrio entre costos, competitividad y derechos laborales. Mientras los trabajadores reclaman cobrar lo adeudado y sostener condiciones dignas, el desafío para el sector y para la política económica es evitar que la crisis coyuntural se transforme en una degradación estructural del empleo industrial en Argentina.