La exposición de motivos destaca que la seguridad alimentaria depende de la continuidad energética en la cadena de frío y almacenamiento. Durante eventos climáticos extremos o apagones prolongados, la pérdida de energía puede afectar directamente la disponibilidad de alimentos y bebidas, comprometiendo la nutrición y la economía local.
Con esta enmienda, el gobierno asegura que la industria pueda mantener operaciones críticas, evitando pérdidas económicas y garantizando suministro seguro a la población.
En una sesión clave, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 684, que clasifica al sector de alimentos y bebidas como servicio esencial durante emergencias energéticas. La medida, impulsada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, modifica la Ley 17-2019, “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y la Ley 57-2014, “Ley de Transformación y Alivio Energético”, para garantizar que supermercados, panaderías, centros de acopio, distribuidores y productores críticos puedan acceder a planes prioritarios de energía y programas de resiliencia eléctrica.
La medida refuerza la infraestructura del sector alimentario, incluyendo refrigeración de almacenes, conservación de productos frescos, plantas procesadoras y centros de distribución, esenciales para la estabilidad de supermercados y restaurantes. Se reconoce así a la industria de alimentos y bebidas como un componente estratégico de la resiliencia energética y la seguridad pública.
Otras iniciativas aprobadas también impactan indirectamente al sector. Por ejemplo, el Proyecto 214, que promueve la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, facilita la movilidad sostenible en la logística y transporte de alimentos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles en rutas de distribución. La inclusión de incentivos fiscales para empresas que adopten tecnologías energéticamente eficientes fortalece la competitividad de la industria alimentaria y de bebidas, incentivando inversiones en infraestructura verde y procesos sostenibles.
El Senado también avanzó en la modernización de la gestión municipal (Proyecto 198), lo que permitirá que ayuntamientos implementen programas de monitoreo de calidad en servicios, incluyendo la supervisión de mercados locales y distribución de productos alimentarios. Esto genera mayor transparencia y asegura que la población reciba servicios de calidad incluso en situaciones de emergencia.
Proyectos complementarios, como el Programa de Transición hacia la Autonomía para jóvenes adultos con diversidad funcional (Proyecto 461), pueden impactar a la industria alimentaria al desarrollar futuros profesionales capacitados para trabajar en logística, procesamiento y servicios de alimentos, garantizando mano de obra calificada y adaptada a nuevas tecnologías.
Con la aprobación de estas iniciativas, el Senado establece una visión integral que fortalece la resiliencia de la cadena de suministro de alimentos y bebidas, promueve la sostenibilidad energética, impulsa la innovación tecnológica y protege la seguridad alimentaria de los ciudadanos. La combinación de prioridad energética, incentivos verdes y mejoras en infraestructura asegura que el sector pueda operar con continuidad, incluso en emergencias, consolidando a Puerto Rico como un referente regional en seguridad y resiliencia alimentaria.