La Federación de Agricultura del Estado de Paraná (FAEP) expresó su firme rechazo a la resolución del Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (TCE‑PR) que obliga a avanzar en la implementación de cobros por el uso del agua de ríos por parte de productores rurales.
La polémica decisión, contenida en la Sentencia 189/26, ha encendido el debate sobre la gestión de recursos hídricos, la competitividad agroalimentaria y las obligaciones regulatorias en uno de los principales polos productivos de Brasil.
Según lo establecido en la sentencia, el Instituto Agua y Tierra (IAT) debe desarrollar mecanismos para exigir el registro formal de usuarios agrícolas y ganaderos que extraen agua de las cuencas, además de instrumentar sistemas de medición y control del consumo hídrico. La medida también introduce la posibilidad de establecer tarifas para quienes utilizan el recurso en actividades productivas, en consonancia con la legislación estatal que permite la gestión económica de ciertos usos del agua con fines de conservación y financiamiento de infraestructuras de monitoreo.
La normativa aclara que los productores titulares de hasta seis módulos rurales quedan excluidos del cobro, un punto que inicialmente generó confusión en el sector debido a comunicaciones oficiales contradictorias. Posteriormente, el propio tribunal emitió aclaraciones para precisar que los pequeños productores familiares no serían objeto de tarifas, pero la inquietud sobre la aplicación y el impacto de la medida persiste.
El presidente de la FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, sostuvo que la resolución requiere un debate técnico más profundo con participación de las entidades representativas del agro. “El agua es un insumo estratégico para la producción de alimentos”, afirmó, subrayando que actividades como el riego agrícola, la ganadería intensiva y la agroindustria dependen de reglas claras y de seguridad jurídica para planificar inversiones y costos operativos. Meneguette advirtió que un cobro mal calibrado podría elevar los costos de producción y afectar la competitividad del sector no solo en el mercado interno sino en un contexto de fuerte competencia exportadora internacional.
La FAEP coincide en sus críticas con las expresadas por los consejeros Durval Amaral y Fábio Camargo, que votaron en contra de la iniciativa en el pleno del TCE‑PR. Ambos sostuvieron que el IAT carece de competencia directa para definir o aplicar tarifas sin una deliberación previa y formal dentro de los Comités de Cuencas Hidrográficas (CBH), que en el modelo brasileño funcionan como instancias colegiadas integradas por representantes del gobierno, productores, sociedad civil y otros sectores interesados.
Los comités de cuenca son los organismos responsables de formular políticas de uso sostenible del agua en cada región hidrográfica y, de acuerdo con la ley nacional de recursos hídricos de Brasil, deben evaluar criterios técnicos y participativos antes de implementar mecanismos de cobro. Esto incluye la consideración de instrumentos económicos dirigidos a la financiación de proyectos de conservación, monitoreo de cuerpos de agua y promoción de prácticas más eficientes de uso.
Brasil es hogar de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, y el sector agropecuario figura entre los principales usuarios de este recurso. En regiones productivas como el centro‑sur del país, estudios de gestión hídrica muestran que el riego agrícola puede representar más del 60 % del consumo total de agua, impulsando políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia hídrica, la gestión integrada de cuencas y la sostenibilidad ambiental en el largo plazo.
Paraná, como uno de los estados agrícolas más relevantes de Brasil, es clave en la producción de granos, carnes, lácteos y alimentos procesados, actividades que requieren disponibilidad continua de agua tanto para riego como para procesos industriales. Esto hace que cualquier modificación en el régimen de regulación del recurso sea observada con especial atención por los sectores productivos, los cuales ya enfrentan desafíos asociados con el cambio climático, variabilidad de precipitaciones y aumento de la demanda de agua urbana e industrial.
Mientras el debate continúa, la FAEP insiste en que la discusión sobre tarifas debe enfocarse en espacios técnicos y en los comités de cuenca, con participación amplia de productores, gobiernos y especialistas, para equilibrar la gestión sostenible del agua con la competitividad de una de las principales regiones agroalimentarias de América Latina.