A una década de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado de Alimentos, también conocida como “Ley Súper Ocho”, Chile se encuentra en un punto de balance y proyección respecto a los cambios impulsados en el sector de alimentos y bebidas.
Desde su implementación en 2016, la normativa introdujo un sistema de sellos frontales de advertencia —“Alto en calorías”, “Alto en azúcares”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas saturadas”— que obligó a las empresas a transparentar los excesos en nutrientes críticos y a rediseñar su oferta bajo parámetros más saludables.
Los resultados son evidentes: mientras en el inicio de la ley el 71% de los productos procesados debían portar algún sello, hoy esa cifra ha descendido al 53%, lo que refleja un proceso activo de reformulación e innovación dentro de la industria. Este ajuste ha significado no solo una mejor comunicación con el consumidor, sino también un aporte concreto en materia de inocuidad y control de calidad, ya que las compañías han debido revisar procesos productivos, materias primas y estándares de seguridad alimentaria para responder al marco regulatorio.
Un cambio cultural en la industria
El impacto de la Ley de Etiquetado en el ecosistema alimentario chileno va más allá del etiquetado visible en los envases. La normativa marcó un cambio cultural profundo en la industria, empujando a empresas grandes y pequeñas a revisar su portafolio de productos, disminuir la adición de azúcares, sodio y grasas saturadas, y desarrollar alternativas más seguras y nutritivas.
Desde la perspectiva de la inocuidad, este esfuerzo ha fortalecido la vigilancia de los procesos, reduciendo riesgos asociados a la formulación y al exceso de aditivos críticos. Las empresas se vieron obligadas a invertir en investigación y desarrollo (I+D), incorporar tecnologías de medición más precisas y establecer mayores controles internos de calidad.
Proyección hacia nuevas áreas
El Ministerio de Salud ya ha adelantado que el siguiente paso será extender la regulación hacia la comida rápida, un sector hasta ahora al margen del marco legal. Esta ampliación busca cerrar vacíos normativos y garantizar que la oferta de alimentos disponibles para los consumidores —ya sea en góndolas o restaurantes— cumpla con estándares de información clara y de protección de la salud pública.
La industria alimentaria ha recibido esta medida con matices. Si bien existen críticas de que los índices de obesidad aún no muestran mejoras sustantivas, especialistas coinciden en que la ley ha sentado bases sólidas de transparencia y responsabilidad empresarial. En este sentido, el debate se orienta hacia la necesidad de políticas más integrales, que complementen la regulación con educación nutricional, promoción del deporte y cambios en los entornos alimentarios.
Aporte al país y a la competitividad internacional
Más allá de su efecto en el consumo, la Ley de Etiquetado posicionó a Chile como pionero mundial en políticas de advertencia nutricional. Esto fortaleció la reputación del país en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, abriendo puertas para que la industria local compita en mercados internacionales donde cada vez se valoran más la transparencia y la sostenibilidad.
En conclusión, a diez años de su puesta en marcha, la Ley de Etiquetado no solo transformó la relación entre consumidores y productos, sino que también consolidó a Chile como un referente en la inocuidad y regulación de la industria alimentaria. Aunque persisten desafíos en obesidad y hábitos de consumo, el camino recorrido demuestra un aporte real al país, con empresas más responsables, procesos más seguros y consumidores mejor informados.