La ciudad de San Francisco presentó esta semana una demanda que podría marcar un antes y un después en la relación entre salud pública e industria alimentaria en Estados Unidos.
Se trata de la primera acción legal presentada por una entidad pública contra fabricantes de alimentos ultraprocesados, a quienes acusa de contribuir deliberadamente a una crisis sanitaria comparable a la causada por las grandes tabacaleras décadas atrás.
La demanda, presentada por el fiscal metropolitano David Chiu ante el Tribunal Superior de San Francisco en nombre del estado de California, señala directamente a gigantes como Coca-Cola, Nestlé y Kellogg’s, entre otros, por supuestamente conocer los efectos nocivos de sus productos mientras continúan diseñándolos y comercializándolos con un perfil cada vez “más adictivo y dañino” para maximizar ganancias.
Según el documento oficial, “la proliferación de alimentos ultraprocesados en la dieta estadounidense se ha relacionado con una serie de graves problemas de salud”, lo que genera costos extraordinarios para los sistemas de salud locales, estatales y nacionales. La argumentación jurídica descansa en un conjunto sólido de investigaciones científicas que vinculan el consumo habitual de ultraprocesados con obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer y deterioro cognitivo.
Un modelo industrial bajo escrutinio
La Fiscalía de San Francisco define los alimentos ultraprocesados como productos destinados al consumo inmediato que han sido químicamente modificados, descompuestos y combinados con aditivos, para luego ser reestructurados mediante técnicas industriales como extrusión, presurización o moldeo. El planteo legal sostiene que el riesgo para la salud no radica únicamente en el contenido calórico, de azúcares o grasas, sino en el impacto del propio procesamiento industrial, capaz de alterar la estructura física y química de los alimentos y la forma en que el cuerpo los digiere.
La demanda subraya que estos riesgos “son únicos” y no pueden equipararse a los de alimentos mínimamente procesados con composiciones nutricionales similares. En otras palabras, el grado de procesamiento se plantea como un factor independiente y determinante en la aparición de enfermedades crónicas.
Impacto desigual y creciente en comunidades latinas
Uno de los puntos más sensibles expuestos en el escrito es el impacto desproporcionado que el consumo de ultraprocesados tiene en la población latina. Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicado en agosto, sostiene que la obesidad vinculada a estos productos afecta más a latinos que a blancos no latinos, señalando que el proceso de aculturación alimentaria entre inmigrantes repercute en patrones nutricionales más dañinos. Este hallazgo suma un componente de inequidad sanitaria a la argumentación legal.
Una industria omnipresente y poderosa
La magnitud del desafío que enfrenta San Francisco queda clara en un dato: los ultraprocesados representan alrededor del 70% del suministro alimentario estadounidense, según cifras citadas por The New York Times. Esta presencia dominante, junto con el poder de lobby de los fabricantes, ha llevado a que observadores comparen sus estrategias con las desplegadas históricamente por las tabacaleras o la industria del alcohol.
La demanda podría sentar las bases para futuras acciones legales similares en otros estados o municipios, abriendo una ventana inédita de discusión pública sobre el rol de la industria alimentaria en la salud de los estadounidenses. Para San Francisco, el mensaje es claro: el procesamiento extremo de los alimentos ya no es un asunto técnico, sino un tema de responsabilidad corporativa con profundas implicaciones sociales y económicas.