El debate sobre la comida chatarra en México suele concentrarse en impuestos, etiquetados frontales y prohibiciones de venta en escuelas. Sin embargo, para el médico Francisco Castañeda Cruz, secretario de la organización civil Acción con Sentido, el fenómeno rebasa el ámbito regulatorio y se instala en el terreno cultural.
A su juicio, el consumo masivo de refrescos y productos ultra procesados se ha normalizado al punto de convertirse en una práctica social arraigada que alimenta la crisis de salud pública.
Las disposiciones impulsadas por la Secretaría de Salud para limitar la oferta de alimentos con alto contenido calórico en planteles educativos forman parte de una estrategia más amplia que incluye etiquetado frontal de advertencia y campañas informativas. No obstante, Castañeda sostiene que la exposición cotidiana a estos productos fuera del entorno escolar diluye el impacto de la medida. “El acceso es inmediato; el entorno comercial domina”, advierte.
México figura entre los mayores consumidores per cápita de bebidas azucaradas a nivel mundial. Datos de organismos internacionales y encuestas nacionales de salud muestran que el consumo regular de refrescos está asociado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud ha documentado que una ingesta elevada de azúcares libres incrementa la probabilidad de sobrepeso y caries dentales, además de contribuir al desarrollo de síndrome metabólico.
El especialista subraya que muchas bebidas industrializadas contienen concentraciones significativas de azúcar añadida, jarabe de maíz de alta fructosa, sodio y aditivos. Un solo envase puede superar la recomendación diaria de azúcares libres sugerida por autoridades sanitarias internacionales. A ello se suma la alta densidad energética y el bajo aporte nutricional de múltiples productos ultra procesados, definidos por su formulación industrial con ingredientes refinados y escasa presencia de alimentos frescos.
Las cifras oficiales refuerzan la preocupación. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares se mantienen entre las principales causas de muerte en el país, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, el costo económico del tratamiento de padecimientos crónicos representa una carga multimillonaria para el sistema público de salud, incluyendo hospitalizaciones, medicamentos y pérdida de productividad.
Para Castañeda Cruz, el problema tiene raíces más profundas que la disponibilidad en tiendas escolares. La normalización del refresco en celebraciones infantiles, reuniones familiares y eventos sociales refleja décadas de mercadotecnia intensiva que posicionó estas bebidas como símbolo de convivencia y modernidad. “Una fiesta parece incompleta sin refresco”, señala, al contrastar con generaciones anteriores donde predominaban aguas frescas de frutas naturales.
El especialista considera que los impuestos especiales, si bien han mostrado efectos en la reducción marginal del consumo, no modifican por sí solos hábitos consolidados. Estudios académicos han identificado disminuciones en compras tras la aplicación de gravámenes a bebidas azucaradas, pero también evidencian sustituciones parciales y persistencia de patrones de consumo en ciertos segmentos.
Frente a este escenario, propone fortalecer la educación alimentaria desde el hogar y articular políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Campañas sostenidas, regulación de publicidad dirigida a menores y promoción de alternativas saludables forman parte de las acciones que, en su visión, podrían generar cambios estructurales.
El desafío, concluye, no es únicamente sanitario. Transformar patrones culturales arraigados implica replantear la relación cotidiana con la comida y las bebidas. Sin una estrategia integral que combine regulación, información y corresponsabilidad social, las tendencias epidemiológicas seguirán presionando al límite a los sistemas de salud y a la economía pública.