Los productores de maíz en Panamá elevaron la presión sobre el Gobierno al exigir el pago inmediato de una deuda cercana a los 10 millones de dólares correspondiente a la comercialización del ciclo agrícola 2024-2025.
El retraso en los desembolsos, advirtieron, está deteriorando de forma crítica la liquidez del sector, comprometiendo la continuidad operativa de numerosos agricultores y poniendo en riesgo la próxima siembra, clave para el abastecimiento de alimentos básicos en el país.
De acuerdo con cifras proporcionadas por los propios productores, la deuda pendiente asciende exactamente a 9,974,678.07 dólares. Sin embargo, hasta la fecha el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) solo ha desembolsado 525,302.30 dólares, lo que representa apenas alrededor del 5% del total comprometido. Esta situación ha generado un cuello de botella financiero en una actividad altamente dependiente del flujo oportuno de recursos.
La compensación reclamada corresponde al quintal de maíz rojo, la variedad de mayor consumo en Panamá y base de productos tradicionales como tortillas, empanadas, bollos y otros derivados de alto consumo popular. Desde una perspectiva comercial y nutricional, el maíz rojo es estratégico para la seguridad alimentaria nacional, ya que aporta carbohidratos complejos, fibra dietaria y micronutrientes esenciales, además de ser un insumo clave para la industria agroalimentaria local.
En febrero de 2025, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, se comprometió públicamente a gestionar el pago de una compensación de 5 dólares por quintal, aunque reconoció que dicho apoyo no estaba contemplado inicialmente en el presupuesto de la administración. El esquema acordado fijó un precio máximo de venta de 18 dólares por quintal, complementado con el aporte estatal para alcanzar un ingreso total de 23 dólares por quintal para el productor.
No obstante, esta cifra quedó por debajo de los 24 dólares que aspiraban los agricultores y significó una reducción de 1 dólar por quintal respecto al año agrícola anterior. Para el sector, esta diferencia resulta relevante en un contexto de costos crecientes. Según datos de los productores, los costos de producción superan los 2,200 dólares por hectárea, impulsados por el encarecimiento de insumos como fertilizantes, semillas certificadas, combustibles, mano de obra y servicios logísticos.
Valentín Domínguez, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo, señaló que el sector continúa a la espera del desembolso. “Estamos esperando que el dinero pase por Contraloría para poder cumplir con nuestros compromisos. Hoy no hay liquidez en los bolsillos de los productores”, afirmó. La falta de pagos oportunos, agregó, limita el acceso a crédito, retrasa la compra de insumos y compromete la planificación del próximo ciclo agrícola.
Además del pago de la deuda, los maiceros solicitaron al MIDA una resolución que autorice la extensión del plazo de comercialización y de entrega de documentación hasta el 31 de octubre de 2025. Esta petición se sustenta en las dificultades registradas para colocar el maíz nacional en el mercado durante el último ciclo, en un entorno marcado por la competencia de importaciones y ajustes en la demanda interna.
Consultado sobre la situación, el MIDA indicó que los pagos correspondientes a los 5 dólares por quintal de maíz rojo y los 2 dólares adicionales establecidos en la Ley 107 se retomarán una vez iniciado el nuevo año fiscal. Sin embargo, para el sector productivo, la demora ya genera efectos estructurales que amenazan la sostenibilidad de una cadena clave para la economía rural y la seguridad alimentaria del país.