La industria de los suplementos alimenticios se encuentra en plena transformación a nivel mundial, impulsada por la ciencia, la tecnología y un consumidor cada vez más consciente de su salud.
En Chile, este sector avanza con entusiasmo, pero enfrenta un desafío crucial: la ausencia de un marco regulatorio claro que garantice la inocuidad, calidad y transparencia de los productos disponibles en el mercado.
Este vacío normativo no solo impacta al consumidor chileno, sino que también limita el potencial del país para convertirse en un referente en Latinoamérica en materia de innovación y seguridad alimentaria.
La tendencia global apunta hacia la personalización nutricional y la eficacia comprobada. Los nuevos suplementos ya no se limitan a tabletas o cápsulas tradicionales; incorporan tecnologías de liberación controlada, nanoincápsulas, bebidas funcionales y formatos comestibles innovadores.
Además, los consumidores buscan soluciones adaptadas a sus necesidades: bienestar cognitivo, salud intestinal, rendimiento físico, apoyo inmunológico o envejecimiento saludable. Pero detrás de cada innovación debería existir una base científica sólida y, sobre todo, un sistema regulatorio que garantice la inocuidad.
En Chile, ese marco aún está en construcción. A diferencia de otros países de la región —como Brasil o México—, donde existen categorías específicas para nutracéuticos y suplementos funcionales, el sistema chileno todavía clasifica muchos de estos productos dentro de la categoría de “alimentos”, sin exigir los mismos niveles de evidencia ni trazabilidad.
Esta situación dificulta la fiscalización, permite la circulación de productos fraudulentos o mal rotulados y crea incertidumbre entre los consumidores.
La falta de regulación también afecta la competitividad de la industria nacional. Algunos suplementos disponibles en el mercado contienen ingredientes que no están aprobados por la normativa local, como la ashwagandha o el resveratrol, mientras que empresas que cumplen con los estándares vigentes enfrentan barreras para innovar o importar nuevos componentes. Esta desigualdad desalienta la inversión y frena la consolidación de un sector con alto potencial de crecimiento.
Pese a estas limitaciones, diversas compañías chilenas han optado por invertir en investigación y desarrollo, estableciendo alianzas con universidades, laboratorios y centros científicos.
Estos vínculos están dando origen a proyectos de caracterización y estandarización de ingredientes naturales, buscando crear una base de conocimiento local que permita asegurar la calidad y trazabilidad desde el origen. La articulación entre ciencia, industria y autoridad sanitaria es esencial para avanzar hacia una regulación moderna y basada en evidencia.
En un contexto regional, Chile podría desempeñar un rol estratégico en la construcción de estándares latinoamericanos en materia de inocuidad y control de suplementos. Su reputación en seguridad alimentaria y exportaciones agroindustriales lo posiciona como un candidato natural para liderar este proceso. Para lograrlo, será necesario implementar políticas que fortalezcan la vigilancia sanitaria, actualicen los registros de ingredientes permitidos y fomenten la certificación de buenas prácticas de manufactura.
La innovación, en este sentido, no debe verse solo como una carrera tecnológica, sino como una responsabilidad compartida. La confianza del consumidor se construye con transparencia, evidencia científica y regulaciones que protejan la salud pública.
El futuro de los suplementos en Chile —y, por extensión, en América Latina— dependerá de la capacidad de los gobiernos y las empresas para armonizar la vanguardia científica con normas de inocuidad robustas y fiscalización efectiva. Solo así el país podrá consolidar una industria que no solo innove, sino que también garantice seguridad, credibilidad y sostenibilidad, proyectando a Chile como un modelo regional en el desarrollo responsable de suplementos alimenticios.