El Mercosur avanza en uno de los procesos regulatorios más sensibles para la industria alimentaria regional: la unificación del etiquetado nutricional frontal de alimentos. Desde 2025, el Subgrupo de Trabajo N°3 (SGT-3), órgano técnico dependiente del Grupo Mercado Común, trabaja en un reglamento común que elimine barreras técnicas al comercio entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
La meta declarada es tener un sistema armonizado antes de 2030. Pero detrás de ese objetivo comercial se abre un debate político y sanitario de fondo: si la unificación implica adoptar el estándar más exigente disponible en el bloque, o si termina nivelando hacia abajo normas que ya han demostrado eficacia.
El punto de tensión es claro. Argentina aplica, desde la sanción de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, una de las normativas de rotulado frontal más estrictas de América Latina según la Organización Panamericana de la Salud. El sistema argentino utiliza octógonos negros, abarca cinco nutrientes críticos —azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías— e incorpora leyendas precautorias sobre cafeína y edulcorantes dirigidas específicamente a niños y adolescentes. Su base técnica es el Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS, respaldado por evidencia científica sin conflictos de interés. Ningún otro país del bloque alcanza ese nivel de cobertura.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en nutrición advierten que la negociación en curso podría debilitar ese estándar en lugar de extenderlo. La Federación Argentina de Graduados en Nutrición y la Fundación Interamericana del Corazón lograron incorporarse como observadoras en las reuniones del SGT-3 y vienen monitoreando el proceso. Ana Cáceres, coordinadora del grupo de trabajo de etiquetado y ex presidenta de la federación, advierte que bajo la lógica de la armonización puede esconderse una equiparación hacia estándares más bajos, y que la convergencia regulatoria debería construirse sobre las mejores políticas disponibles, no diluirlas.
El caso uruguayo es el antecedente más ilustrativo de ese riesgo. Uruguay fue el primer país del bloque en adoptar el octógono negro mediante decreto en 2018, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez. Sin embargo, en 2021, el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó una nueva normativa que flexibilizó los umbrales de nutrientes considerados excesivos, con la particularidad de que la medida fue publicada bajo el logo del Ministerio de Industria, no del de Salud Pública. El resultado fue concreto: en productos lácteos, una parte significativa de los que deberían haber llevado octógono quedaron exentos. Trece organizaciones sanitarias y de la sociedad civil cuestionaron públicamente la medida, y el Sindicato Médico del Uruguay alertó sobre la falta de respaldo científico de los nuevos umbrales.
La evidencia sobre el impacto del etiquetado frontal en la conducta del consumidor es sólida. Relevamientos realizados en Uruguay sobre más de 700 personas indican que el 67% reduciría la compra de un producto que exhiba al menos un octógono. A escala regional, estudios publicados en revistas especializadas confirman que los sistemas de advertencia basados en figuras geométricas con alto contraste son los más efectivos para facilitar decisiones de compra informadas, especialmente en poblaciones con bajo nivel educativo.
El proceso regulatorio del Mercosur aún requiere consenso técnico entre los cuatro países, consulta pública mínima de 60 días en cada Estado parte y aprobación legislativa en varios de ellos. En Argentina, cualquier cambio que contradiga la Ley 27.642 implicaría un paso por el Congreso. La presión de la industria por la armonización es legítima en términos de costos de reformulación y acceso a mercados. El desafío es que esa convergencia no sacrifique la herramienta regulatoria que más ha avanzado en proteger la salud de los consumidores del bloque.