Brasil se prepara para cosechar 367,1 millones de toneladas de granos en el ciclo 2026/27, 1,4% más que en la temporada anterior, según el primer levantamiento de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). La superficie sembrada podría llegar a 85,4 millones de hectáreas. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la producción vuelve a poner en evidencia uno de los principales cuellos de botella del agronegocio brasileño: la falta de capacidad de almacenamiento.
Según la encuesta más reciente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), del segundo semestre de 2025, el país puede almacenar 233,8 millones de toneladas en 9.668 establecimientos, apenas 1,1% más que en el semestre anterior. La diferencia con la cosecha proyectada ronda los 133 millones de toneladas. Esa brecha no equivale directamente a pérdidas, porque los almacenes se reutilizan a lo largo del año a medida que el grano se vende.
Renato Arroyo, director financiero de Kepler Weber, empresa que fabrica equipos de almacenamiento, estima que el déficit ronda 40%, frente a cerca de 10% en 2016. Según el ejecutivo, solo alrededor de 16% de la producción puede guardarse en las propias fincas, muy por debajo de Argentina, con cerca de 45%, y de Estados Unidos y Canadá, con entre 60% y 80%. Arroyo citó además un cálculo del consultor Carlos Cogo: las pérdidas de calidad por falta de almacenamiento podrían alcanzar entre 40.000 y 50.000 millones de reales al año. Es una estimación económica, no un registro oficial de pérdidas.
La distribución geográfica agrava el problema. Mato Grosso concentra la mayor capacidad, con 64,2 millones de toneladas, seguido por Rio Grande do Sul, con 38,9 millones, y Paraná, con 35,7 millones. Aun así, Mato Grosso y el Matopiba, región formada por partes de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, figuran entre las zonas con menos espacio en relación con lo que producen. Los silos suman 124,7 millones de toneladas, el 53,3% de la capacidad nacional.
La falta de almacenamiento afecta directamente la comercialización. En los picos de cosecha, los productores tienen que vender y transportar el grano al mismo tiempo. Eso empuja a la baja los precios en el campo, encarece los fletes y satura las rutas y los puertos. Además, almacenar de forma inadecuada o improvisada aumenta el riesgo de humedad, hongos, micotoxinas, plagas y daños físicos que deterioran la calidad del grano.
Para la industria de alimentos, el impacto se traslada a toda la cadena. Los fabricantes de alimento balanceado, las procesadoras de soja y maíz y la industria cárnica dependen de un suministro estable y de calidad. Por eso, las pérdidas y los sobrecostos logísticos pueden terminar en el precio de los alimentos. Según Arroyo, el efecto golpea con más fuerza a las familias de menores ingresos.
El tema tiene relevancia regional. Brasil es el mayor exportador mundial de soja y uno de los principales proveedores de maíz, así que las ineficiencias de su almacenamiento y su logística influyen en la disponibilidad y el costo de estos insumos para la industria de alimentos y la producción pecuaria de otros países de América Latina.
Como respuesta, Arroyo propone ampliar el financiamiento para construir almacenes en las fincas, con tasas de interés de un dígito y plazos de cinco a diez años. Se trata de una propuesta del sector privado que el gobierno todavía no ha adoptado.



