El Programa Mundial de Alimentos (PMA) puso en marcha un conjunto de acciones anticipatorias frente al riesgo de sequía en el Corredor Seco de Centroamérica, en un contexto marcado por la posible intensificación del fenómeno El Niño durante 2026.
La estrategia busca mitigar el impacto sobre los sistemas alimentarios rurales, especialmente en comunidades altamente dependientes de la agricultura de subsistencia.
La iniciativa contempla transferencias monetarias condicionadas, distribución de granos básicos, monitoreo climático mediante estaciones meteorológicas y campañas de información técnica dirigidas a productores. Estas medidas permitirán que más de 75.000 personas adopten decisiones anticipadas, como la selección de cultivos más resistentes, la gestión eficiente del agua y la protección de reservas alimentarias antes de que se materialicen las pérdidas productivas.
El Corredor Seco —una franja de aproximadamente 150.000 kilómetros que se extiende desde Guatemala hasta el sur de México— concentra cerca de 20 millones de habitantes, con economías locales basadas principalmente en la producción de maíz, frijol y arroz. Este territorio presenta una alta variabilidad climática, suelos degradados y una limitada infraestructura hídrica, factores que amplifican la vulnerabilidad frente a eventos extremos.
Las proyecciones climáticas indican una alta probabilidad de precipitaciones por debajo del promedio durante la temporada agrícola conocida como “la primera”, que inicia en mayo. Este período es crítico para la siembra de granos básicos en la región. La reducción de lluvias no solo compromete los rendimientos agrícolas, sino que también incide directamente en los precios de los alimentos, generando presiones inflacionarias en mercados locales y regionales.
Eventos previos asociados a El Niño, como los registrados entre 2015 y 2016 y en 2023, provocaron sequías prolongadas que deterioraron significativamente la seguridad alimentaria en Centroamérica. Estudios recientes muestran que estos episodios reducen la productividad agrícola hasta en un 50% en zonas de subsistencia, incrementando la dependencia de importaciones y ayuda humanitaria.
Actualmente, más de nueve millones de personas en América Central enfrentan inseguridad alimentaria, con una concentración significativa en el Corredor Seco. Según estimaciones de organismos internacionales, hasta el 73% de la población en esta zona vive en condiciones de pobreza extrema, lo que limita su capacidad de adaptación frente a choques climáticos y económicos. Esta fragilidad estructural también se traduce en flujos migratorios crecientes hacia zonas urbanas y otros países.
Desde una perspectiva operativa, el PMA ha implementado 11 planes de acción anticipatoria en América Latina y el Caribe, con otros 10 en desarrollo. Estos programas se activan automáticamente cuando los indicadores climáticos alcanzan umbrales críticos, permitiendo respuestas más ágiles y focalizadas. Desde 2022, dichas iniciativas han sido desplegadas en 11 ocasiones en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Perú, beneficiando a más de 400.000 personas con una inversión superior a 11 millones de dólares.
El enfoque anticipatorio también presenta ventajas económicas significativas. De acuerdo con evaluaciones técnicas del organismo, cada dólar invertido en prevención puede generar ahorros de hasta siete dólares en costos de respuesta a emergencias, al reducir pérdidas productivas, evitar desplazamientos y estabilizar los mercados locales de alimentos.
Para los actores del sector agroalimentario, estas medidas representan un cambio hacia modelos de gestión de riesgo más sofisticados, donde la integración de datos climáticos, financiamiento flexible y asistencia técnica oportuna permite sostener la producción en entornos cada vez más inciertos. La evolución del clima en los próximos meses será determinante para evaluar la efectividad de estas intervenciones y su impacto en la resiliencia regional.