Chile dio un paso decisivo para reforzar la seguridad alimentaria, la protección del consumidor y la competitividad de su industria de alimentos con la aprobación de la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2026–2036, un instrumento estratégico que marcará la hoja de ruta del país durante la próxima década.
La iniciativa, validada por el Consejo de Subsecretarios y Subsecretarias de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), responde a los nuevos desafíos sanitarios, productivos y ambientales que enfrenta el sistema alimentario nacional.
La aprobación se concretó en dependencias del Ministerio de Agricultura y fue encabezada por el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, junto a autoridades de distintos ministerios y servicios públicos con competencias en inocuidad y calidad alimentaria. El nuevo marco busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar riesgos, mejorar los sistemas de control preventivo y responder a amenazas emergentes como el cambio climático, la intensificación productiva y el aumento de las exigencias de los mercados internacionales.
Desde la perspectiva de la industria de alimentos, la política representa un avance relevante al promover reglas claras, coordinación institucional y estándares alineados con las tendencias globales. La inocuidad, la trazabilidad y la calidad se consolidan así como factores estratégicos no solo para la salud pública, sino también para la competitividad exportadora del país, especialmente en sectores como frutas y hortalizas, carnes, lácteos y alimentos procesados.
Avances concretos en La Araucanía
En regiones como La Araucanía, la política ya comienza a traducirse en acciones concretas. En comunas como Padre Las Casas, Temuco y Vilcún, productores hortícolas participan en programas de capacitación técnica, asistencia permanente y acuerdos de producción orientados a mejorar la seguridad y calidad de los alimentos.
A través de instrumentos como los Acuerdos de Producción Limpia, los agricultores han incorporado prácticas de uso eficiente del agua, gestión de residuos, monitoreo de indicadores de sustentabilidad y fortalecimiento de capacidades agroempresariales. Estas iniciativas permiten asegurar que los alimentos producidos y comercializados cumplan con estándares sanitarios cada vez más exigentes, al tiempo que mejoran la eficiencia productiva y el acceso a nuevos mercados.
Para el sector agroalimentario regional, estos avances son clave en un contexto de mayor fiscalización, consumidores más informados y cadenas de suministro que demandan transparencia y cumplimiento normativo.
Enfoque “Una sola salud” y mirada de largo plazo
Uno de los pilares de la política es el enfoque de “Una sola salud”, que reconoce la interdependencia entre la salud humana, animal, vegetal y el medio ambiente. Bajo esta mirada, se promueve una coordinación más efectiva entre el sector público, el sector productivo, la academia y la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer sistemas de control preventivo y mejorar la capacidad de respuesta ante alertas sanitarias.
La política también pone énfasis en avanzar en trazabilidad, combatir el fraude alimentario, modernizar la red de laboratorios y fortalecer la formación continua de los profesionales vinculados a la inocuidad alimentaria. Asimismo, busca una mayor participación de las regiones en la toma de decisiones, asegurando una implementación con enfoque territorial y pertinencia productiva.
Con esta aprobación, el documento inicia ahora su tramitación en la Secretaría General de la Presidencia para la firma del Presidente de la República. Su entrada en vigor marcará una nueva etapa para el sistema alimentario chileno, con un foco claro en alimentos más seguros, producción responsable y mayor confianza ciudadana, en línea con las demandas actuales del país y de la industria de alimentos.