En un entorno internacional donde la trazabilidad y la inocuidad alimentaria son requisitos innegociables de acceso a mercados, el estatus zoosanitario de un país puede valer tanto como cualquier acuerdo comercial.
Panamá acaba de confirmar, una vez más, que lo entiende: la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ratificó al país como territorio de riesgo insignificante frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), la enfermedad conocida como "vacas locas", mediante la Resolución N.º 23. Este reconocimiento, sostenido de manera ininterrumpida desde 2011, no es un dato protocolar; es un activo competitivo de primer orden para toda la cadena cárnica nacional.
La EEB es una enfermedad neurológica progresiva y fatal del ganado bovino, causada por la acumulación de una proteína anormal denominada prión en el tejido nervioso. Su forma clásica se transmite mediante la ingestión de piensos contaminados, y su impacto en el comercio mundial de proteína animal fue devastador durante los brotes europeos de los años noventa, que forzaron cierres de mercados, sacrificios masivos de ganado y pérdidas de miles de millones de dólares en toda la industria. Hoy, la OMSA distingue solo dos categorías de estatus sanitario frente a la enfermedad: riesgo controlado y riesgo insignificante.
Panamá lo logra mediante una arquitectura institucional robusta. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de su Dirección Nacional de Salud Animal y el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica (PRONEET), ejecuta inspecciones y muestreos periódicos en toda la cadena productiva: fincas ganaderas, plantas de alimentos, establecimientos comerciales y plantas procesadoras de despojos para alimentación animal. El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) opera como centro de referencia nacional, aplicando metodologías validadas por la OMSA para la confirmación de casos sospechosos. Además, el Decreto Ejecutivo N.º 383 de 2010 prohíbe expresamente alimentar rumiantes con harinas de carne y hueso, gallinaza o porcinaza, eliminando el principal vector de propagación de la enfermedad.
El impacto de mantener este estatus se mide directamente en términos de acceso comercial. Los mercados más exigentes del mundo —Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur— condicionan sus protocolos de importación de proteína bovina al estatus sanitario del país de origen. En ese contexto, la certificación de la OMSA equivale a un pasaporte de exportación. Panamá cerró 2024 con exportaciones totales cercanas a los mil millones de dólares, con Estados Unidos como su principal destino comercial y Taiwán —mercado tradicional para la carne bovina panameña— como tercer comprador.
Consolidar y ampliar esa participación en mercados de alto valor depende, en buena medida, de mantener credenciales sanitarias como la que acaba de ser ratificada. Para la industria procesadora y los actores de la cadena de valor, el mensaje es claro: la sanidad animal no es un costo regulatorio, sino un diferencial competitivo. En un mercado global donde los compradores institucionales y las grandes cadenas de distribución realizan auditorías sanitarias propias como condición de compra, contar con el respaldo de un organismo como la OMSA fortalece las negociaciones y reduce las barreras técnicas al comercio.
El MIDA hizo un llamado explícito a ganaderos y veterinarios a reportar en un plazo no mayor de 24 horas cualquier rumiante con signos neurológicos: cambios de comportamiento, alteraciones motoras o incapacidad para levantarse. La detección temprana es, en última instancia, la primera línea de defensa de un patrimonio zoosanitario que tiene consecuencias directas sobre la competitividad del sector alimentario panameño en los mercados internacionales.