La industria frigorífica uruguaya volvió a encender las alertas sanitarias y comerciales ante el riesgo que representan los residuos de medicamentos veterinarios en la carne destinada a exportación.
A través de un comunicado conjunto, la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) y la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu) exhortaron a todos los actores de la cadena cárnica a extremar los controles y cumplir estrictamente con la normativa vigente, recordando que Uruguay asumió compromisos sanitarios internacionales que condicionan el acceso a los principales mercados del mundo.
El pronunciamiento se produce en un contexto de alta sensibilidad para el sector, luego de que durante el año pasado se registraran observaciones por parte de autoridades sanitarias y aduaneras de China vinculadas a la detección de residuos de medicamentos veterinarios en embarques de carne. Si bien las gremiales señalaron que no se han recibido nuevas comunicaciones formales en envíos recientes, reconocen que persiste preocupación por los resultados de muestreos que continúan bajo análisis.
Desde la industria se subraya que el sector frigorífico es uno de los principales generadores de empleo industrial del país y un motor económico clave en todo el territorio, por lo que preservar la reputación sanitaria de Uruguay es considerado un aspecto estratégico para su sostenibilidad. El cumplimiento de los estándares exigidos por los mercados internacionales no solo es una obligación normativa, sino también un factor determinante para mantener la competitividad del país como proveedor confiable de alimentos de origen animal.
En ese marco, CIF y Adifu hicieron un llamado explícito a productores, veterinarios, técnicos y demás integrantes de la cadena cárnica para reforzar las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, respetar estrictamente los períodos de retiro y asegurar controles adecuados antes del envío de animales a faena. El objetivo es evitar la reiteración de episodios que puedan comprometer la inocuidad del producto y generar consecuencias comerciales para todo el sector.
La preocupación también fue expresada en el ámbito institucional. El ingeniero agrónomo José Mesa, delegado de los productores en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC), señaló que existe inquietud compartida entre las gremiales y que se propuso impulsar una campaña nacional de información y concientización sobre el uso responsable de productos veterinarios. Según indicó, las Sociedades de Fomento Rural ofrecieron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) su capacidad de convocatoria, con la expectativa de comenzar las actividades de difusión a partir del mes de febrero.
En paralelo, el marco sancionatorio vigente se ha endurecido. El MGAP aplica multas económicas significativas y restricciones operativas severas a los establecimientos infractores. En los casos considerados faltas graves —cuando se detectan residuos de medicamentos autorizados por encima de los límites permitidos— se establece una multa de 14.400 Unidades Indexadas, equivalente a unos 2.200 a 2.300 dólares, junto con la suspensión por 90 días del movimiento de ganado con destino a faena. Para las faltas muy graves, asociadas al uso de principios activos no autorizados o productos no registrados, la multa asciende a 26.000 Unidades Indexadas, cerca de 4.160 dólares, y la suspensión puede extenderse hasta 180 días en caso de reincidencia.
Más allá del impacto económico inmediato, los establecimientos sancionados quedan interdictados en el Sistema Nacional de Información Ganadera, lo que restringe su operativa y afecta la planificación productiva. A nivel país, la reiteración de incumplimientos sanitarios representa un riesgo sistémico, ya que puede comprometer mercados estratégicos y dañar la imagen de Uruguay como exportador de carne segura y de alta calidad.