La cadena láctea de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, y la industria decidió pasar de la queja a la propuesta concreta.
La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas del estado entregó a los candidatos al gobierno estadual un Pacto por la Leche Gaúcha, un documento que plantea renegociación de deudas rurales, defensa de la producción nacional frente a importaciones, políticas de permanencia en el campo y modernización industrial.
La entidad, que representa a 43 industrias instaladas en 41 municipios y genera 2,000 empleos directos, sostiene que sus asociadas recolectan más de dos millones de litros de leche diarios en más de 190 municipios, su presidente, Fernando Zimmermann, planteó que la cadena enfrenta desafíos que exigen coordinación entre los gobiernos estadual y federal, entre ellos el sobreendeudamiento, la competencia externa y la salida sostenida de productores de la actividad.
Los números detrás de ese diagnóstico son contundentes. Un relevamiento de la Emater, la agencia estatal de asistencia técnica rural, reveló que Río Grande del Sur perdió 65% de sus productores lecheros en la última década, pasando de 84,000 a apenas 28,000 explotaciones activas.
Solo entre 2015 y 2025 abandonaron la actividad más de 55,000 productores, según un estudio realizado con 571 familias en 385 municipios: el bajo precio pagado por el litro fue señalado por el 79.3% de los encuestados como motivo principal, seguido por el alto costo de los insumos, citado por el 66.7%. Casi el 80% de quienes dejaron la actividad aseguró que no planea retomarla.
El deterioro financiero de la cadena se refleja también en el crédito: el financiamiento agropecuario en Río Grande del Sur cayó 18.3% en el último año, hasta 23,100 millones de reales, mientras la morosidad de las carteras rurales saltó de 28.6% a 41.3% entre julio de 2024 y julio de 2026, un salto de 12.7 puntos porcentuales que expone el nivel de estrés financiero de los productores.
Proyecciones basadas en la consultora Transpondo, con datos de la propia Emater, anticipan que, de mantenerse la tendencia actual, el estado podría quedarse con menos de 1,700 familias productoras hacia 2051, una caída del 94% respecto a las 29,000 actuales.
Frente a ese panorama, la propuesta de la Apil incluye un programa de securitización y refinanciamiento de deudas con carencia mínima de dos años y plazos de hasta diez, además de líneas especiales para reestructurar pasivos y capital de trabajo con fondo garantizador, tasas subsidiadas y bonificaciones por cumplimiento de pago.
En el frente comercial, la entidad pide revisar las condiciones de importación en casos de subsidios distorsivos o dumping, aplicar salvaguardas y exigir reciprocidad sanitaria, regulatoria, tributaria y ambiental a los productos importados que compiten con la leche nacional.
El paquete también contempla mantener y fortalecer el bono adicional por litro conocido como Bônus Mais Leite, ampliar la asistencia técnica gratuita, y desarrollar políticas específicas de sucesión rural con crédito diferenciado para jóvenes productores y seguros de renta en períodos de crisis, apuntando directamente al perfil de quienes abandonan la actividad: la mayoría de los productores que salieron tenía entre 20 y 40 años, y en el 93% de los casos la mano de obra era exclusivamente familiar.
Para la modernización industrial, la asociación propone líneas de crédito específicas para equipamiento, automatización, eficiencia energética y tratamiento de efluentes, junto con apoyo a programas de certificación de origen y calidad para quesos y derivados regionales.
La lógica de fondo es clara: sin financiamiento accesible ni relevo generacional, ninguna estrategia comercial ni de calidad tiene base productiva sobre la cual sostenerse, y el propio futuro de la industrialización láctea gaúcha depende de resolver primero la crisis estructural que atraviesa a los productores primarios.