El arroz, pilar histórico de la dieta dominicana y eje estratégico de su seguridad alimentaria, atraviesa un momento crítico. En 2025, el consumo per cápita del cereal registró una caída significativa, una señal de alerta que trasciende las estadísticas y refleja tensiones profundas en el mercado agroalimentario.
Así lo expuso el exsenador y secretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, quien atribuyó este fenómeno a una combinación de alza sostenida de precios, acaparamiento y una política agropecuaria que, a su juicio, se apartó de la protección al productor y al consumidor.
De acuerdo con Sánchez Roa, el consumo anual por persona se redujo en 22.1 libras, pasando de 144.5 libras en 2021 a apenas 122.4 libras en 2025. Esta contracción no responde a un cambio cultural ni a una sustitución voluntaria del arroz por otros alimentos, sino a un factor estructural: el encarecimiento del producto, que limitó el acceso de los hogares de menores ingresos. “Con el mismo dinero, los dominicanos están comprando menos arroz. Eso no es casualidad, es el resultado de distorsiones del mercado”, afirmó.
El dirigente del PLD sostiene que estas distorsiones se originaron en prácticas de acaparamiento por parte de comerciantes importadores que concentran grandes volúmenes del cereal, regulando su salida al mercado para mantener precios artificialmente elevados. Según su denuncia, este esquema operó con la complacencia —o al menos la falta de control efectivo— del Estado, debilitando el principio básico de oferta y demanda que había permitido una mayor estabilidad de precios en años anteriores.
Las cifras refuerzan el argumento. Entre 2021 y 2025, República Dominicana importó 6.95 millones de quintales de arroz, que se sumaron a la producción nacional. Pese a esa disponibilidad teórica, el precio del cereal aumentó 115.6% en el mismo período, una paradoja que, desde la óptica económica, evidencia fallas en la cadena de comercialización. Para Sánchez Roa, el problema no fue la escasez, sino la forma en que se administraron los inventarios y las importaciones.
El punto de quiebre, según el exsenador, se produjo en 2024, cuando las importaciones crecieron más de 850%. Lejos de traducirse en alivio para el consumidor, este aumento saturó los almacenes con arroz extranjero y bloqueó la colocación oportuna del arroz nacional en las factorías. El resultado fue un mercado desbalanceado, con precios altos y menor consumo, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Desde una perspectiva sectorial, las críticas se extienden al rol del Ministerio de Agricultura, al que Sánchez Roa acusa de priorizar las importaciones sobre la protección de la producción local. Esta estrategia, advierte, no solo golpeó la rentabilidad de miles de productores arroceros, sino que incrementó la dependencia alimentaria del país, un riesgo estratégico en un contexto global marcado por volatilidad de precios y tensiones logísticas.
Para la industria de alimentos y bebidas, el caso del arroz dominicano deja lecciones relevantes. El equilibrio entre importaciones, producción local y regulación de inventarios es clave para garantizar acceso, estabilidad de precios y sostenibilidad productiva. Cuando ese equilibrio se rompe, el impacto se refleja directamente en el consumo y en la mesa de las familias.
“Esta política beneficia a intereses comerciales concentrados, mientras condena al productor y castiga al consumidor”, concluyó Sánchez Roa. Más allá del debate político, el desafío es claro: reconstruir una política arrocera que combine eficiencia de mercado, protección social y soberanía alimentaria, para que el arroz vuelva a cumplir su rol esencial en la dieta y en la economía dominicana.