La tormenta económica argentina sigue cobrando víctimas en la industria de alimentos y bebidas. Frutafiel S.A.S., empresa fundada en 1956 con planta industrial en General Ramírez, Entre Ríos, y reconocida por sus aguas saborizadas, bebidas funcionales y productos alcohólicos de baja graduación, obtuvo la apertura judicial de su concurso preventivo el 10 de junio de 2026 por resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná a cargo del juez Ángel Luis Moia.
La presentación había sido realizada el 22 de mayo y el proceso se activa en un momento en que el consumo masivo de alimentos y bebidas en Argentina registra sus niveles más bajos en una década.
La empresa atribuyó su situación a una combinación de factores que la industria alimentaria argentina conoce bien: inflación sostenida que encareció insumos y transporte, caída abrupta del poder adquisitivo que contrajo los volúmenes de venta, imposibilidad de trasladar los aumentos de costos al precio final sin perder competitividad y acceso prácticamente nulo al crédito bancario a tasas razonables. Ese cuadro no es exclusivo de Frutafiel — es el diagnóstico que decenas de pymes de alimentos y bebidas del interior del país vienen describiendo desde 2024, y que en el primer cuatrimestre de 2026 ya se tradujo en los niveles más bajos de consumo de leche fluida desde 2015 y en una caída del 30% en la faena de ganado bovino respecto al mismo período del año anterior.
El balance presentado ante la Justicia refleja una empresa técnicamente solvente pero financieramente paralizada. Frutafiel reportó un activo total de 4,016 millones de pesos — compuesto por un activo corriente de 1,313 millones y un activo no corriente de 2,703 millones — frente a un pasivo de 3,818 millones, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas 198 millones de pesos, equivalente a menos del 5% del activo total. Esa proporción ilustra el nivel de apalancamiento que las empresas medianas de consumo masivo acumularon intentando sostener su operación durante los años de inflación alta.
La cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de 2026. A fines de marzo la empresa dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago de ARCA, la agencia de recaudación nacional, y el 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos por la firma. Un mes después se presentó el concurso preventivo — el mecanismo legal que evita la quiebra inmediata y da tiempo para negociar con los acreedores bajo supervisión judicial.
Frutafiel no llegó a esta situación sin intentar alternativas. El presidente y principal accionista René Horacio Fritzler vendió un inmueble propio y aportó el producido a la empresa para financiar el lanzamiento de nuevas líneas: la cerveza lager Golden Saft, el producto Vinto —mezcla de 50% vino tinto con 50% gaseosa— y Aqualoe, una bebida funcional con pulpa de aloe vera enriquecida con vitamina B1, vitamina C y calcio. Esa diversificación respondía a una lógica de mercado correcta: los productos con identidad propia y atributos funcionales tienen mayor resistencia a la sustitución por precio que las aguas saborizadas convencionales. Sin embargo la ejecución encontró obstáculos concretos: el proveedor de cerveza a granel incumplió el volumen comprometido en el momento de mayor demanda y la competencia replicó el concepto antes de que Frutafiel pudiera consolidarlo. Las nuevas líneas llegaron a representar el 30% de la facturación pero no alcanzaron para compensar el deterioro del negocio principal.
Los acreedores tienen plazo hasta el 9 de septiembre de 2026 para verificar sus créditos ante la sindicatura designada — el Estudio Cerini-Cerini-Chiara — y hasta el 6 de noviembre para formular observaciones. La empresa sostiene que su actividad es rentable en el mediano y largo plazo y que el concurso preventivo le dará el desahogo financiero necesario para reorganizar sus pasivos y retomar el crecimiento. General Ramírez, ciudad de 13,000 habitantes en el departamento Diamante, observa el proceso con preocupación: Frutafiel es uno de los pilares de empleo de la comunidad y su continuidad tiene un impacto social que trasciende el expediente judicial.