En una medida orientada a dinamizar el comercio exterior sin comprometer la seguridad alimentaria, el Gobierno Nacional implementó una profunda actualización del régimen de control sanitario para los alimentos importados.
A través del Decreto 790/2025, el Poder Ejecutivo redefine las competencias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), con el objetivo de establecer un sistema de fiscalización más ágil, eficiente y alineado con los estándares internacionales de inocuidad alimentaria.
El nuevo marco normativo distingue las responsabilidades según el tipo y el estado de los productos. El SENASA asumirá el control previo sobre alimentos y materias primas de origen animal o vegetal que no estén acondicionados para la venta directa, asegurando que cumplan las exigencias zoosanitarias y fitosanitarias antes de ingresar al territorio nacional. Por su parte, la ANMAT concentrará su intervención en los alimentos industrializados o envasados listos para el consumo, cuyos controles se realizarán de forma posterior al ingreso, con un enfoque centrado en la inocuidad y la trazabilidad.
La normativa introduce también un principio de equivalencia sanitaria internacional, mediante el cual los productos provenientes de países con altos estándares regulatorios —como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda— podrán acceder a procedimientos simplificados, siempre que presenten certificaciones oficiales de libre venta o documentación equivalente emitida por autoridades reconocidas. Esta disposición, en línea con las recomendaciones del Codex Alimentarius y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), busca eliminar duplicaciones de control y facilitar el intercambio de productos seguros.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el nuevo esquema “simplifica los procesos, fija plazos concretos y concentra los controles posteriores en lo esencial: la inocuidad y la salubridad. Los controles de calidad quedan en manos del mercado, como corresponde en un entorno competitivo y transparente”.
El rediseño del sistema implica una coordinación interinstitucional fortalecida entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el SENASA, la ANMAT y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que permitirá optimizar recursos públicos y reducir tiempos de despacho en puertos y fronteras. Según estimaciones del sector privado, estas medidas podrían recortar hasta un 30% los costos logísticos y de inspección, favoreciendo la competitividad de las empresas importadoras y distribuidoras de alimentos.
Desde un punto de vista científico y técnico, el nuevo régimen refuerza la trazabilidad y evaluación del riesgo sanitario mediante protocolos basados en evidencia y metodologías de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). Además, incorpora criterios de evaluación microbiológica, química y nutricional acordes con las guías del Codex y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), garantizando que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los fabricados localmente.
“Menos burocracia significa más eficiencia, más alimentos accesibles y más exportaciones”, concluyó Sturzenegger. Con esta reforma, Argentina busca consolidar un sistema regulatorio moderno, transparente y previsible que fortalezca la confianza del consumidor y potencie su inserción en el comercio alimentario global.