La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) marcó posición ante las negociaciones internacionales que buscan cerrar, tras siete rondas fallidas desde 2022, un tratado global vinculante contra la contaminación por plásticos, el gremio no se opone al acuerdo; pide que su diseño no comprometa la inocuidad de lo que millones de personas comen todos los días en la región.
El planteamiento del sector parte de un hecho técnico poco discutido fuera de las plantas de producción: el envase no es un accesorio de mercadeo, sino una barrera funcional que aísla al alimento del oxígeno, la humedad y los microorganismos que aceleran su deterioro. Según cifras citadas por la organización, un empaque técnico bien diseñado puede extender la vida útil de un pollo entero de apenas 7 días a 20 días en refrigeración, casi triplicando la ventana de consumo seguro sin recurrir a conservantes adicionales.
En una región donde, de acuerdo con la FAO, cerca del 11.6% de los alimentos disponibles para consumo se pierde antes de llegar al plato, remover o sustituir esa tecnología sin evidencia de reemplazo equivalente puede traducirse en más desperdicio, no menos.
El reclamo de fondo es metodológico: que cualquier restricción sobre materiales en contacto con alimentos se apoye en análisis de riesgo técnico, y no en prohibiciones generales que no distingan entre plástico de un solo uso desechado en el ambiente y empaque técnico multicapa diseñado para preservar inocuidad microbiológica. La directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de ALAIAB, Juliana Cortez, señaló que el compromiso del sector es aportar evidencia y buenas prácticas a las mesas de negociación, defendiendo certeza jurídica y técnica para la región en un proceso que ya lleva más de tres años sin resolverse.
El peso económico de ese sector no es menor. La industria de alimentos y bebidas genera más de 7 millones de empleos directos en América Latina y factura más de 285,000 millones de dólares a través de aproximadamente 435,000 empresas, de las cuales el 96% son pequeñas y medianas. Esa composición importa para la negociación: una regulación de empaques diseñada sin gradualidad podría golpear desproporcionadamente a las pymes alimentarias, que carecen de la escala financiera para rediseñar líneas de envasado en plazos cortos.
El contexto internacional del tratado ayuda a entender la cautela del sector. Las negociaciones colapsaron en 2025 en Ginebra tras un giro de política de Estados Unidos, y el proceso se reactivó recién con una nueva ronda proyectada para marzo de 2027 bajo la presidencia del negociador chileno Julio Cordano. Un tratado bien calibrado debería concentrarse en los envases, que representan alrededor del 40% del total de residuos plásticos generados globcalmente, sin perder de vista que buena parte de esos envases cumple una función sanitaria insustituible en la cadena alimentaria.
Frente a ese escenario, ALAIAB defiende que la respuesta correcta no es descartar el plástico técnico sino rediseñarlo: reducir el uso de resinas vírgenes, ampliar el portafolio de empaques reutilizables y de fácil reciclaje, y aplicar ecodiseño evaluando cada fase del ciclo de vida del envase antes de fabricarlo. Ese enfoque, sostiene el gremio, permite avanzar hacia la economía circular sin sacrificar el control de contaminación cruzada, la vida útil del producto ni la seguridad microbiológica que exige el consumidor final.
Para una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares al año y sostiene el abasto de la canasta básica regional, el resultado de estas negociaciones definirá qué tan seguro —y qué tan disponible— seguirá siendo el alimento de todos los días.