El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, a fin de asegurar la producción y abasto suficiente de comestibles nutritivos y económicos.
Incluye, además, fortalecer la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria del país y concede ese derecho a todas las personas, de manera individual o colectiva, de una alimentación adecuada y a disponer de comestibles para su consumo diario, y en cantidad suficiente.
La nueva disposición, que enfrentó objeciones de la industria alimentaria, incluye el derecho al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente y considera prioritaria la producción familiar o comunitaria de alimentos.
Obliga a empresas a informar del uso de transgénicos en alimentos procesados, y prohíbe a supermercados desechar comestibles en condiciones de ser consumidos, con objeto de donarlos.
Entre los argumentos de la ley, aprobada por unanimidad de 420 votos, se resaltó que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2016, un total de 21,9 por ciento de la población de México padecía de carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
En 2018 ya era de 22,2 por ciento del total de habitantes. La ley incluye el derecho de las personas a una cantidad mínima de comida, que permita cubrir los requerimientos alimentarios mínimos para vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la mala nutrición.
Entre las obligaciones al gobierno federal se prevé que la Secretaría de Salud sugerirá el contenido de canastas normativas en los estados, que a su vez determinarán paquetes regionales, que consideren frutas, verduras, productos de origen animal y otros alimentos de producción local o regional.
Además, obliga a los estados y municipios a facilitar el acceso a tierras, mediante créditos blandos, para promover la producción de cultivos locales y de pequeña y mediana escala, a nivel familiar y en las escuelas, así como la recuperación de semillas y superación de siniestros ambientales.
Se prevé que los programas incluyan un plan de excedentes y obliga a los gobiernos a incluir en sus políticas de compras al menos 15 por ciento de alimentos e insumos primarios directamente de los productores de pequeña y mediana escala.
