Argentina opera con una ley de semillas sancionada en 1973, cuando la biotecnología agrícola no existía como concepto y la soja era un cultivo marginal, cincuenta y tres años después, el país es el tercer exportador mundial de soja y el segundo de maíz, su industria semillera mueve más de 2,000 millones de dólares anuales y la genética de última generación puede aumentar los rindes entre un 15% y un 25% por variedad.
Y sin embargo, sigue rigiendo la misma norma que se redactó sin contemplar ninguna de esas realidades. Este martes 9 de junio, el Gobierno convocó a la Mesa de Enlace, Aapresid, Aacrea y la Asociación de Semilleros Argentinos a la Secretaría de Agricultura para intentar desanudar una discusión que lleva más de una década sin resolución y que ahora tiene un nuevo catalizador: el acuerdo comercial con Estados Unidos, en el que Argentina asumió el compromiso de avanzar hacia la adhesión all Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
El punto más sensible del debate es el uso propio: la posibilidad de que un productor guarde parte de su cosecha para usarla como semilla en la siguiente campaña sin pagar regalías adicionales. En cultivos autógamos como la soja —donde Argentina produce aproximadamente 50 millones de toneladas anuales— ese derecho es especialmente relevante porque afecta directamente la estructura de costos de decenas de miles de productores.
La propuesta de la Mesa de Enlace, presentada en marzo en Expoagro, plantea mantener el uso propio gratuito hasta un mínimo no imponible de 500 hectáreas e introducir un esquema de uso propio pago para superficies mayores, con límites explícitos a las regalías y una cláusula de agotamiento de la propiedad intelectual en el punto de venta de la semilla. La iniciativa busca reconocer el trabajo de los obtentores sin eliminar una práctica histórica del campo argentino.
La industria semillera, encabezada por ASA —que agrupa a empresas como Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, Pioneer y Don Mario— elaboró una propuesta alternativa cuyo contenido aún no fue difundido públicamente. El argumento del sector es consistente: sin protección efectiva de la propiedad intelectual, las empresas retrasan o evitan lanzar sus mejores genéticas en el mercado argentino, lo que reduce el acceso de los productores locales a la tecnología disponible a nivel global.
El caso del trigo ilustra esa tensión: variedades con resistencia a la sequía y mayor potencial de rinde que ya se comercializan en Brasil o Australia no llegan a Argentina porque el sistema de regalías vigente no garantiza la recuperación de la inversión en I+D.
La adhesión a UPOV-91 —que extiende los derechos de los obtentores, exige autorización para reutilizar semilla en muchos casos y amplía el control sobre el grano cosechado— es la línea divisoria del debate. Los productores temen que ese esquema concentre el negocio semillero en pocas multinacionales, eleve los costos y reduzca su autonomía operativa.
El Gobierno, en tanto, acaba de implementar un nuevo protocolo de control de identidad varietal que permite verificar el uso de semillas protegidas mediante análisis de granos en puntos de entrega, una señal de que el avance regulatorio no espera el consenso legislativo para operar sobre el terreno. Lo que se defina en las próximas semanas determinará el ritmo de innovación genética del agro argentino por las próximas dos décadas.
