La legislatura de California toma medidas para exigirles a las empresas que les den una compensación económica a los empleados de servicios de alimentos por el costo de la capacitación en seguridad de los alimentos que requiere la legislación de salud pública del estado.
Si se aprueba el proyecto y se convierte en ley, acabará con la práctica común de que los empleados cubran por su cuenta los gastos para obtener la certificación.
La medida, el proyecto de ley 476 del Senado, aprobada por el Senado del estado con un amplio margen en mayo, se sometió a votación en la Asamblea del estado el 12 de septiembre y se autorizó por 56 votos contra 18.
Después de que el Senado vote con respecto a la aceptación de las modificaciones, el proyecto será enviado al gobernador Gavin Newsom, quien no ha dado ninguna indicación sobre su postura, por lo que no se sabe si lo autorizará o aplicará el veto. Cuando le solicitamos comentarios para este artículo, la oficina del gobernador dijo no tener nada que informar.
Los proponentes del proyecto de ley citaron una investigación de The New York Times publicada en enero que mostró que la Asociación Nacional de Restaurantes, un grupo de cabildeo, recauda millones de dólares de los trabajadores por las tarifas de ServSafe, un programa de capacitación sobre seguridad de los alimentos que administra. Es el programa de seguridad de uso más generalizado en el país para el manejo de alimentos y bebidas, utilizado por camareros, cocineros, cantineros y otros trabajadores del sector minorista de alimentos.
La asociación de restaurantes, organización empresarial que representa a más de 500.000 comercios, además de filiales estatales como la Asociación de Restaurantes de California, con regularidad se ve envuelta en batallas políticas para oponerse al aumento del salario mínimo o el salario por debajo del mínimo que se les paga a los trabajadores que reciben propinas en la mayoría de los estados.
La investigación reveló que más de 3,6 millones de trabajadores de todo el país han pagado por las clases de este grupo de la industria, lo que le ha generado ingresos de aproximadamente 25 millones de dólares desde 2010. Esta cantidad es más de lo que gastó la Asociación Nacional de Restaurantes en cabildeo en el mismo periodo y más de la mitad de las cuotas que pagaron los miembros de la asociación.
Algunos líderes laborales y propietarios de negocios dijeron no estar enterados de ese arreglo.
“No tenía la menor idea de que hacían eso”, comentó Christopher Sinclair, propietario de un restaurante en Nueva York que ahora se encuentra establecido en Sacramento y ayudó a organizar la campaña para proscribir la práctica.
La capacitación, cuyo costo es de unos 15 dólares para la mayoría de los trabajadores, consiste en estudiar la información presentada en una serie de diapositivas, por lo regular en unos días, y luego aprobar un examen de unas dos horas. Gran parte de la información es básica, con lecciones como la importancia del baño diario y cómo reconocer el moho en los productos agrícolas. En cuatro de los estados más grandes, entre ellos California, esa capacitación es obligatoria por ley; en otros casos, las empresas exigen que los gerentes y algunos otros empleados la reciban.
La Asociación de Restaurantes de California y la Asociación Nacional de Restaurantes se negaron a hacer comentarios para este artículo, pero ambas han expresado su oposición a este proyecto de ley, pues opinan que a los trabajadores les beneficia recibir la capacitación.
La tarjeta de identificación como “manejador de comida” entregada al finalizar la capacitación puede transferirse de un trabajo a otro y tiene una validez de tres años, tras los cuales debe renovarse.
En un mitin con trabajadores frente al Capitolio del estado el 12 de septiembre por la tarde después de la aprobación de la legislación en la Asamblea, Saru Jayaraman, quien encabeza el grupo de defensa de los trabajadores One Fair Wage, afirmó que la ley podría tener influencia más allá de California.
“Utilizan ese dinero que obtienen de trabajadores de bajos ingresos para combatirnos por todo el país”, señaló en referencia a la asociación de restaurantes. “Lo más grande de este proyecto de ley es que suspenderá el flujo de efectivo de dos millones de trabajadores en California al mayor grupo de cabildeo restaurantero de la nación”.
En general, las cuotas de los miembros constituyen una gran proporción del financiamiento de las organizaciones empresariales de la industria.
Pero los ejecutivos de la Asociación Nacional de Restaurantes han advertido que las cuotas representan una pequeña porción de los ingresos del grupo en comparación con ServSafe y otras iniciativas empresariales.
