El debate sobre la política fiscal en México vuelve a poner la lupa sobre la industria de bebidas, esta vez con un foco particular en las bebidas electrolíticas.
Aunque comúnmente se perciben como productos asociados a la rehidratación y en muchos casos vinculados al ámbito médico o deportivo, su crecimiento en ventas y el vacío normativo en el que operan han despertado cuestionamientos entre legisladores y especialistas en salud pública.
Actualmente, este tipo de bebidas se encuentra exento tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), situación que las diferencia de otras categorías de refrescos y bebidas endulzadas. Mientras el resto de estos productos deben cumplir con el etiquetado frontal de advertencia sobre azúcares y calorías, las electrolíticas no tienen esa obligación, lo que genera un trato desigual frente al consumidor y al fisco.
Los cálculos presentados en el Congreso estiman que la falta de gravamen ha representado una pérdida fiscal de alrededor de tres mil 400 millones de pesos, cifra que refleja tanto el auge de su comercialización como el vacío regulatorio existente. De acuerdo con proyecciones oficiales, si se modifican las leyes correspondientes, la recaudación podría superar los cuatro mil 200 millones de pesos en 2026.
El tema no se limita únicamente a la recaudación. Desde el ámbito de la salud, especialistas advierten que muchas de estas bebidas contienen azúcares añadidos en cantidades considerables, lo que contradice la imagen de producto “saludable” con la que suelen posicionarse en el mercado. La ausencia de advertencias visibles en su etiquetado dificulta que los consumidores reconozcan los riesgos asociados al consumo frecuente, particularmente en poblaciones infantiles y adolescentes, que constituyen uno de los segmentos de mayor crecimiento para esta categoría.
El planteamiento legislativo consiste en equiparar el tratamiento fiscal y sanitario de las bebidas electrolíticas con el de los refrescos azucarados. Para ello, se propone modificar la Ley del IVA, la Ley del IEPS y la Ley General de Salud. En conjunto, los cambios buscan no solo fortalecer la recaudación, sino también cerrar brechas regulatorias que podrían afectar el derecho a la información del consumidor.
Los defensores de la medida argumentan que los recursos adicionales obtenidos por la vía fiscal permitirán reforzar programas de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcares, así como fortalecer las campañas en escuelas para desalentar la ingesta de bebidas endulzadas. Con ello, se busca avanzar en la estrategia nacional contra la obesidad, la diabetes y otros padecimientos crónicos.
La discusión también abre un frente de análisis en la industria de alimentos y bebidas, donde la innovación en productos funcionales y “saludables” ha generado una oferta creciente. En este escenario, las empresas deberán adaptarse a un marco legal más estricto, con implicaciones en precios, estrategias de mercadotecnia y posicionamiento en el mercado.
Si bien aún falta conocer los detalles del proceso legislativo y el alcance de la reforma, el planteamiento marca un cambio de rumbo. La tendencia apunta hacia una fiscalidad más homogénea en el sector de bebidas y hacia la corrección de vacíos que permitieron la expansión de productos que, aunque útiles en ciertos contextos médicos o deportivos, también pueden contribuir a los mismos problemas de salud pública que las políticas actuales intentan combatir.
En un país donde la carga de enfermedades crónicas es uno de los principales retos sanitarios y económicos, los ajustes propuestos para las bebidas electrolíticas buscan equilibrar la balanza entre desarrollo de mercado, recaudación y bienestar social.
