La industria de alimentos, bebidas y agricultura entra en 2026 con una paradoja: tiene más planes de contingencia que nunca, pero menos certeza de poder ejecutarlos. Solo 62% de las empresas del sector se siente algo o completamente en control de las causas de sus riesgos, frente a 75% en 2024 y 89% en mediciones anteriores.
Lo revela un estudio global de WTW que recoge la opinión de 450 tomadores de decisión senior de las mayores compañías del rubro, con ingresos anuales promedio de 4,000 millones de dólares.
La brecha no está en el papel. El 83% cuenta con un proceso formal de continuidad del negocio, pero 56% admite que carece de las herramientas y la información para gestionar sus riesgos, casi el doble del 33% registrado en 2024. Otro 51% señala falta de presupuesto y 45%, falta de respaldo a nivel de directorio. Mauricio Granados, gerente general de WTW Costa Rica, advierte que un plan de continuidad no basta por sí solo y que las coberturas deben reflejar las exposiciones reales, no solo las percibidas.
El entorno externo explica buena parte del deterioro. El costo y la disponibilidad de materias primas, energía, fertilizantes y transporte es hoy el principal factor externo de riesgo para 36% de los encuestados, frente a 26% de hace dos años. Además, 44% teme vulnerabilidades en la cadena de suministro, por encima del 40% de 2024, en un escenario de conflictos geopolíticos y volatilidad arancelaria.
América Latina enfrenta una exposición particular. A diferencia de regiones donde predomina la manufactura, aquí la agricultura pesa tanto como la industria dentro del sector, lo que amplifica la vulnerabilidad al riesgo climático, a la volatilidad de precios de las materias primas y a la dependencia de mercados de exportación. A ello se suman el estrés hídrico, los costos energéticos, la inestabilidad arancelaria y la escasez de trabajadores estacionales en algunas zonas. Las empresas latinoamericanas mostraron más preocupación que sus pares de otras regiones por el clima y el costo de los insumos. Según Granados, en la región los riesgos pueden golpear varios eslabones de la cadena al mismo tiempo, por lo que conviene detectar brechas antes de que afecten operaciones, ingresos o reputación.
La agenda ambiental también gana terreno: 84% considera que la gestión de riesgos ESG será prioridad en los próximos dos años. Las principales inquietudes son la energía (74%), los recursos naturales como el agua (71%) y el clima (70%).
El dato más incómodo llega en inocuidad. Para 45% de las empresas, la seguridad alimentaria y la salud son el principal riesgo interno, y sin embargo 48% no tiene un seguro específico para el retiro de productos. La omisión resulta costosa: se estima que un recall alimentario supera en promedio los 10 millones de dólares en costos directos, y entre 20% y 25% de los eventos pasa de los 30 millones, sin contar ventas perdidas ni daño de marca. En Estados Unidos, los retiros supervisados por la FDA crecieron 15.4% en 2025, hasta 571 eventos, mientras el volumen de unidades afectadas se disparó 209%, hasta 138.5 millones. A escala global, la Organización Mundial de la Salud atribuye a los alimentos inseguros 600 millones de enfermedades y 420,000 muertes al año.
La lectura para los directivos es doble. Tener un plan formal ya no es un diferencial, y la ventaja está en mantenerlo conectado con la operación real, dotarlo de datos y presupuesto, y cerrar las brechas de cobertura antes de que un evento climático, un conflicto comercial o un retiro de producto las ponga a prueba.
