San Juan avanza en una nueva etapa para reimpulsar la Ley del Mosto con una estrategia basada en evidencia técnica, sanitaria y económica. En junio estará finalizado un estudio integral que buscará convertirse en el principal respaldo del proyecto que volverá a debatirse en el Congreso Nacional. El trabajo demandará una inversión de 20 millones de pesos, tendrá un plazo de ejecución de 120 días y es financiado de manera conjunta por el Gobierno de San Juan, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (Cafem).
El informe apunta a fortalecer el proyecto presentado por la diputada nacional Nancy Picón, que propone habilitar el uso de jugos naturales —en especial el jugo concentrado de uva— como edulcorantes en bebidas y alimentos, en sustitución de edulcorantes artificiales o de origen sintético. A diferencia de iniciativas anteriores, el nuevo impulso se apoya en un abordaje multidisciplinario que busca responder tanto a los cuestionamientos sanitarios como a los económicos y regulatorios.
Desde el punto de vista nutricional, el estudio evaluará el impacto del reemplazo de edulcorantes artificiales y jarabes industriales por jugos de frutas naturales, considerando parámetros como el perfil de azúcares, la presencia de compuestos bioactivos y su efecto metabólico. Diversas investigaciones internacionales vienen señalando que los jugos concentrados de fruta, utilizados en proporciones controladas, ofrecen una alternativa con mejor aceptación del consumidor y menor grado de procesamiento que otros endulzantes ampliamente usados en bebidas sin alcohol.
En paralelo, el informe analizará los efectos económicos de la eventual sanción de la ley, con foco en las economías regionales vitivinícolas. San Juan ocupa un rol central en este escenario: es la principal productora de mosto de Argentina y uno de los principales exportadores de jugo concentrado de uva del hemisferio sur. En la campaña 2024/2025 se elaboraron más de 201 millones de litros de mosto sulfitado, volumen que representó cerca del 36% del total de las exportaciones vitivinícolas del país.
El proyecto legislativo incorpora además herramientas de política pública orientadas a modificar los incentivos del mercado. Entre ellas, se analiza la posibilidad de desalentar el uso del jarabe de maíz de alta fructosa mediante esquemas impositivos diferenciados, promoviendo alternativas de origen frutal con mayor integración local. En ese marco, el mosto se posiciona como un insumo estratégico, con capacidad de sustituir importaciones, generar valor agregado y estabilizar ingresos en la cadena primaria.
Para el sector vitivinícola, la Ley del Mosto representa la apertura de un nuevo mercado interno de gran escala. La industria de bebidas analcohólicas en Argentina consume millones de toneladas de endulzantes al año, y una sustitución parcial por jugo concentrado de uva permitiría absorber excedentes productivos, reducir la volatilidad de precios y disminuir la dependencia del mercado externo, históricamente expuesto a ciclos de sobreoferta y barreras comerciales.
Desde Coviar y Cafem coinciden en que el respaldo técnico será clave para el debate parlamentario. El contexto actual, marcado por una mayor demanda de alimentos con etiquetas más limpias y formulaciones percibidas como naturales, juega a favor de la iniciativa. A su vez, las grandes compañías de bebidas muestran creciente interés en reformular productos para alinearse con tendencias globales de consumo y regulaciones más estrictas en materia de salud pública.
El acuerdo que dio inicio al estudio fue firmado con la participación de autoridades nacionales y provinciales, referentes de Coviar y funcionarios de áreas productivas de San Juan y Mendoza. El mensaje político y sectorial es claro: San Juan vuelve a impulsar la Ley del Mosto con una base técnica sólida, articulación público-privada y una visión que combina salud, desarrollo industrial y competitividad exportadora.
