La decisión del Gobierno nacional de eliminar más de mil servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante la Resolución 42/2026 generó una reacción en cadena dentro del sector productivo.
Estela Martínez, jefa del Departamento de Tecnología de Producto de la Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos del organismo, advirtió que la medida pone en riesgo capacidades técnicas que la industria exportadora argentina no puede reemplazar de un día para el otro.
La resolución dispuso la baja de más de mil servicios industriales que el instituto prestaba en laboratorios, incluyendo control de alimentos, análisis de agua, ensayos bacteriológicos y evaluación de materiales de construcción. El argumento oficial fue que esos servicios no contaban con demanda real o se superponían con prestaciones del sector privado, una afirmación que Martínez rechaza de plano. "Eso no refleja la realidad de lo que hacemos", sostuvo.
A más de un mes de la publicación de la norma, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender parcialmente su aplicación, ordenando al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la resolución y garantizando la continuidad de todos los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo órbita estatal.
El peso de lo que está en juego resulta difícil de subestimar. El INTI realizaba 9 de cada 10 certificaciones que se efectuaban en el país, un rol central para la industria local y para los importadores internacionales que adquieren productos argentinos. Martínez lo confirma desde adentro: las empresas exportadoras recurren al instituto porque trabaja con metodologías validadas internacionalmente y resultados precisos. "No todos los laboratorios privados tienen los mismos estándares de calidad analítica, acreditaciones o capacidad de interpretación técnica", explicó.
El escenario que describe la especialista es preocupante en términos de infraestructura analítica. En Argentina existen unos 1.500 laboratorios, pero solo 136 cuentan con capacidad de brindar acreditaciones con validez internacional, una cifra inferior a la de Colombia o México. Esa brecha estructural hace que la dispersión de ensayos entre distintos operadores privados no sea una solución eficiente, sino un problema adicional de coordinación y costos para las empresas.
Martínez subraya también la dimensión federal del impacto. El INTI cuenta con alrededor de 50 centros tecnológicos y cerca de 20 plantas piloto distribuidos en distintas provincias, lo que convierte al organismo en un instrumento de acceso igualitario a tecnología industrial. "El INTI permite democratizar el acceso a la tecnología. Tenemos sedes en diferentes partes del país y muchas de ellas también están siendo afectadas por estos recortes", señaló.
Uno de los argumentos más sólidos que esgrime la especialista es el de la independencia técnica. A diferencia de los laboratorios privados, el INTI no tiene intereses comerciales que condicionen sus resultados. "Nuestros resultados no están condicionados por intereses comerciales. Si hablamos de transparencia, eso es transparencia", afirmó. Esa autonomía no es solo un valor ético: es una garantía de confiabilidad para compradores externos que exigen respaldo técnico imparcial.
Las consecuencias sobre las exportaciones podrían no verse de inmediato, pero Martínez advierte que la pérdida de capacidades instaladas es difícil de revertir. Como ejemplo de innovación concreta, mencionó el trabajo conjunto con la empresa Beneficial Germs para desarrollar cultivos iniciadores destinados a la producción de salames, un proyecto orientado a sustituir insumos importados y fortalecer la cadena de valor del sector chacinero nacional.
La especialista también alertó sobre el deterioro institucional acumulado: salarios deprimidos, retiros voluntarios y fuga de profesionales con décadas de experiencia. "Se están yendo personas con un conocimiento que no se improvisa", lamentó. Y dirigió un mensaje directo a los consumidores: exigir productos con registro de establecimiento y etiquetado verificable, porque detrás de esa certificación hay controles que, hoy más que nunca, corren riesgo de desaparecer.
