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Transgénicos y glifosato: riesgos y regulaciones en latinoamérica 

Latinoamérica Bioseguridad

Las plantas genéticamente modificadas requieren el uso de glifosato para combatir las malezas que crecen en su entorno. Sin embargo, además de la falta de evidencia concluyente sobre su seguridad, estos alimentos pueden estar contaminados con este herbicida, lo que genera preocupación en torno a sus efectos en la salud y el medio ambiente.

En 2011, el glifosato, junto con el agente naranja, utilizado también como plaguicida, fue incluido en la lista de Agentes de Contaminación Orgánica Persistente por la Convención de Estocolmo, tratado del cual Argentina es signataria.

Desde 1996, Argentina cultiva soja transgénica, lo que ha implicado el uso masivo de agrotóxicos.

Según el investigador Pablo Piovano, los efectos sobre la salud han sido alarmantes, con un aumento del 400% en casos de cáncer infantil y aproximadamente 13.4 millones de personas afectadas por abortos, malformaciones y otros problemas sanitarios.

El químico 2,4-D, un componente del agente naranja, fue utilizado como herbicida durante la guerra de Vietnam y causó graves consecuencias ambientales y humanas.

Su uso provocó un ecocidio, con la muerte de tres millones de personas y medio millón de niños afectados, este agente genera dioxinas, sustancias altamente tóxicas que se propagan por el aire contaminado.

En Jalisco, México, se detectaron agrotóxicos en la orina de un centenar de niños.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a México territorio libre de transgénicos y presentó una propuesta legislativa para prohibir por completo el uso de semillas genéticamente modificadas.

En Argentina, el glifosato no está prohibido y se comercializa libremente.

En reiteradas oportunidades, se han denunciado intoxicaciones en comunidades cercanas a plantaciones de arroz en San Francisco de Macorís.

La última intoxicación reportada ocurrió en enero de este año, afectando a estudiantes, docentes y vecinos de la zona.

Es probable que estas fumigaciones incluyan glifosato, lo que representa una amenaza para la población circundante.

Una investigación exhaustiva podría determinar los daños reales a la salud de estas comunidades.

Además, el uso excesivo de agrotóxicos está poniendo en peligro a especies esenciales para la producción de alimentos, como las lombrices de tierra y las abejas.

Su reducción afecta directamente la fertilidad del suelo y la polinización, elementos clave para la seguridad alimentaria.

El glifosato está prohibido en 74 países debido a su impacto en la salud y el ambiente, se ha relacionado con diversos tipos de cáncer y, dado que puede estar presente en los alimentos, la población debería tener acceso a información clara para decidir sobre su consumo.

Actualmente, Argentina no cuenta con una regulación específica sobre el etiquetado de alimentos transgénicos.

Sin embargo, en Estados Unidos, su identificación es obligatoria, dado que en el país se está impulsando una Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional, sería pertinente incluir la obligación de etiquetar los productos con organismos genéticamente modificados (OGM).

Si bien la ingeniería genética ha permitido importantes avances en la medicina, en el caso de los OGM aún no existen pruebas concluyentes sobre su seguridad.

La regulación y el acceso a la información serán clave para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre los productos que eligen consumir.

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