La inocuidad alimentaria se ha transformado en un componente esencial para garantizar la salud pública, fortalecer los sistemas agroalimentarios y permitir la competitividad comercial de los países en el mercado internacional.
Tal como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “no hay seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos”. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 600 millones de personas enferman cada año en el mundo por consumir alimentos contaminados, de las cuales 420,000 fallecen.
Frente a este panorama, los países de América Latina enfrentan el desafío de consolidar marcos regulatorios, sistemas de vigilancia y planes de acción que integren la inocuidad como un eje estructural de sus políticas agrícolas, sanitarias y comerciales. Más allá de una exigencia técnica, se trata de una obligación ética y estratégica: proteger la salud de la población, garantizar el acceso a alimentos seguros y sostener su participación en los mercados globales.
Exigencias internacionales y la respuesta regional
El aumento del comercio internacional de alimentos ha convertido a la inocuidad en una moneda de cambio esencial. Los principales destinos —como Estados Unidos, la Unión Europea o China— exigen estrictas normativas respecto a la presencia de contaminantes físicos, biológicos y químicos en frutas, hortalizas, carnes y productos procesados.
Países como Chile, México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina, entre otros, han fortalecido sus sistemas de control y certificación. En el caso de Chile, por ejemplo, se exportan productos agroalimentarios a más de 130 países durante todo el año. Para ello, el país ha desarrollado una sólida infraestructura de monitoreo orientada a cumplir los requisitos de inocuidad impuestos por los mercados internacionales, evitando rechazos o sanciones que afecten la reputación comercial.
No obstante, pese a estos esfuerzos, aún existen brechas importantes, especialmente en lo referente al monitoreo de nuevos contaminantes emergentes. En varios países latinoamericanos, las normativas sanitarias se basan en reglamentos nacionales que no siempre contemplan nuevas amenazas químicas, tales como disruptores endocrinos o contaminantes ambientales persistentes que están siendo reportados por la comunidad científica.
Amenazas químicas emergentes: una deuda pendiente
Uno de los desafíos actuales para la región es abordar de manera más decidida la presencia de contaminantes químicos en alimentos, especialmente en vegetales de hoja como espinacas, lechugas o acelgas, que pueden absorber sustancias presentes en suelos y fertilizantes.
Sustancias como el perclorato, tiocianato y bromato, todos con potenciales efectos adversos sobre la salud —desde disfunciones hormonales hasta efectos cancerígenos—, han sido detectadas en algunos cultivos sin que exista todavía una regulación uniforme o planes de vigilancia específicos. Esta situación pone en riesgo, sobre todo, a grupos vulnerables como niños pequeños, quienes pueden exponerse a estos compuestos tanto en alimentos industriales (como los “baby foods”) como en preparaciones caseras.
La exposición crónica y no regulada a estos compuestos podría derivar en un aumento de enfermedades no transmisibles como problemas tiroideos, cáncer o alteraciones del desarrollo neurológico, impactando directamente en los sistemas de salud pública.
Un llamado a la acción en América Latina
Para mitigar estos riesgos, es urgente que los países de América Latina integren la inocuidad alimentaria en sus políticas públicas de salud, agricultura y comercio, con un enfoque preventivo, científico y coordinado.
Esto implica:
- Fortalecer los laboratorios de análisis químico y microbiológico.
- Desarrollar sistemas nacionales de monitoreo que incluyan contaminantes emergentes.
- Implementar planes de capacitación para agricultores y productores.
- Promover la educación del consumidor sobre prácticas seguras de manipulación de alimentos.
- Además, la cooperación regional entre agencias sanitarias, centros de investigación y organismos internacionales como la FAO y la OMS, puede acelerar la adopción de estándares comunes, impulsar la innovación y mejorar la respuesta ante emergencias alimentarias.
Inocuidad como política de Estado
La inocuidad alimentaria no debe verse como un requisito comercial aislado, sino como un derecho ciudadano y una herramienta clave para el desarrollo sostenible. En una región tan rica en biodiversidad y potencial agroalimentario como América Latina, garantizar alimentos seguros es también garantizar el futuro económico y social.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que cada alimento que llega a la mesa —en zonas rurales o urbanas, en mercados locales o internacionales— sea verdaderamente seguro para el consumo humano.
