La industria alimentaria de Brasil comenzó a sentarse a la mesa donde se definirán las reglas que, en pocos años, pondrán precio a sus emisiones de gases de efecto invernadero.
La Confederación Nacional de la Industria respaldó este martes un taller técnico organizado por la Secretaría Extraordinaria de Mercado de Carbono del Ministerio de Hacienda, en Brasilia, donde representantes del sector de alimentos y bebidas expusieron ante el gobierno las principales dificultades que enfrentan para adaptarse a las futuras reglas de monitoreo, reporte y verificación de emisiones.
El encuentro se inserta en la construcción del Sistema Brasileiro de Comercio de Emisiones, la herramienta central con la que Brasil busca regular sus gases de efecto invernadero mediante un esquema de límites y comercio de excedentes similar al modelo europeo de cap and trade, instituido por la Ley 15.042 de diciembre de 2024, el sistema fijará topes de emisión para sectores intensivos en carbono y permitirá a las empresas que emitan por debajo del límite vender ese excedente a compañías que lo superen, generando un incentivo económico directo hacia la eficiencia ambiental.
El esquema alcanzará a cerca de 4,000 empresas brasileñas, aunque el gobierno estima que los grandes emisores obligados a participar representarán menos del 0.1% del total de compañías del país.
La industria de alimentos y bebidas no integra la primera etapa del cronograma, reservada para 2027 a sectores de alto impacto como papel y celulosa, siderurgia, cemento, aluminio primario, petróleo y gas, refino y transporte aéreo.
El sector fue ubicado en la segunda fase, con inicio previsto para 2029, junto a minería, vidrio, cerámica, industria química y gestión de residuos sólidos, una decisión que el subsecretario de Implementación del Ministerio de Hacienda, Thiago Barral, justificó por la elevada diversidad de empresas y procesos productivos del rubro, además del peso significativo que tienen las emisiones asociadas a residuos dentro de esa cadena.
Ese plazo adicional, explicó el funcionario, permitirá profundizar la discusión sobre gestión de residuos antes de exigir el cumplimiento pleno de las nuevas reglas, el desafío técnico que enfrenta el sector es de naturaleza estructural.
La directora Jurídica y de Sostenibilidad de la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos, Vanessa Amaral, señaló que buena parte de las emisiones de esta cadena no se concentra en el proceso industrial propiamente dicho, sino en otros eslabones anteriores y posteriores a la fábrica, lo que exige delimitar con precisión qué responsabilidad de emisión corresponde a cada actor de la cadena antes de aplicar cualquier obligación regulatoria.
Esa dispersión de emisiones a lo largo de la cadena de suministro es, según especialistas en descarbonización industrial, uno de los mayores obstáculos metodológicos que enfrenta cualquier esquema de comercio de carbono aplicado a sectores agroalimentarios en el mundo.
El gobierno brasileño confirmó que durante este semestre se lanzará una consulta pública sectorial y se publicará el decreto que reglamentará formalmente el Programa Brasileño de Monitoreo, Reporte y Verificación, además de normativas específicas sobre actividades, fuentes y gases regulados por sector, acreditación de verificadores independientes y la creación de un registro central de emisiones.
Se prevé que 75% de los recursos que recaude el sistema se destinen a financiar la adaptación tecnológica y la transición ambiental de las propias empresas participantes.
Para el sector público, el mercado de carbono trasciende la agenda climática, el coordinador general de Finanzas Verdes del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Pedro Lombardi, planteó que la discusión representa una oportunidad de reposicionamiento para la industria nacional, capaz de convertir las capacidades productivas brasileñas en una ventaja competitiva frente a mercados internacionales cada vez más exigentes en huella de carbono.
Estimaciones oficiales calculan que la implementación plena del sistema podría generar un aumento cercano al 5.8% del Producto Interno Bruto hacia 2040, junto con una reducción significativa de las emisiones de los sectores regulados, un horizonte que sitúa a la industria alimentaria brasileña ante la necesidad de comenzar a mapear su huella de carbono mucho antes de que la obligación regulatoria entre en vigencia.
