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Mayor compromiso con la seguridad sobre cultivos ilícitos de Palmicultores

Colombia Agricultura Control Calidad

La política de seguridad y defensa en las áreas rurales es una de las prioridades del Gobierno y por eso trabaja intensamente por proteger a los habitantes de las zonas rurales”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, durante su intervención en el XLIX Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que se realiza actualmente de manera virtual.

El funcionario explicó, durante el conversatorio liderado por Fedepalma, que los ejes de la política de seguridad del Gobierno empezando por el combate al narcotráfico y sus organizaciones criminales que son un factor de desestabilización, por ser autores de homicidios colectivos, además de generar fuertes impactos ambientales con el cual nutren sus rentas ilícitas, según sus palabras.

Indicó que durante el gobierno del Presidente Iván Duque se ha logrado frenar y reducir los cultivos ilícitos, aunque todavía hay 143.000 hectáreas sembradas que representan preocupación.

“Para enfrentar este problema, una de las alternativas ha sido la promoción del desarrollo alternativo y la siembra de cultivos como la palma de aceite que ha sido un ejemplo en diferentes regiones del país donde antes se tenían cultivos de coca”. Manifestó.

Paralelo a los cultivos ilícitos está el tema de la minería ilegal que es otra forma que tienen de lucrarse los grupos al margen de la ley y por eso también hay una lucha frontal contra este flagelo.

“Otro eje de la política de seguridad es la lucha contra la deforestación y la defensa del agua, la biodiversidad y los bosques para lo cual se han adelantado campañas tratando de proteger los ecosistemas aunque la tarea también es difícil porque se tala para sembrar cultivos ilícitos”, subrayó Molano Aponte.

En este caso, el ministro también reconoció que la minería ilegal juega un papel protagónico, ya que afecta fuentes de agua (ríos) y genera contaminación.

Un tercer aspecto destacado por Molano es el trabajo que han hecho las fuerzas militares durante la pandemia por medio de entrega de ayudas a la población vulnerable y contribuyendo con el plan nacional de vacunación en zonas apartadas del país, cuidando y protegiendo a las personas que cumplen con esta misión.

Como cuarto ítem el ministro destacó el fortalecimiento del pie de fuerza, en especial la Policía Nacional para tener mayor presencia en la lucha contra la inseguridad de todo tipo. Adicionalmente se trabaja en tener una mayor capacidad de defensa cibernética para evitar ataques como los que se han presentado en contra de diversas instituciones.

Defensa de los derechos humanos

Adicionalmente, expuso que se brinda formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para los miembros de la fuerza pública, pero igualmente se refuerza la defensa jurídica de los militares ante la Justicia Especial de Paz (JEP).

De igual manera resaltó el manejo que debe hacer la Policía, principalmente, en lo que se refiere a hacer frente a manifestaciones, vandalismo y bloqueos. Sostuvo que la fuerza pública cumple con la Constitución y por eso no actúa cuando las manifestaciones son pacíficas pero cuando se tornan violentas, como ha sucedido en muchos casos recientes, debe responder porque defiende los derechos y la seguridad de los ciudadanos que requieren movilizarse y que no están participando en dichas actividades.

En tal sentido, el ministro dijo que la población rural no estuvo exenta de los actos vandálicos que se han venido presentando desde el 28 de abril y es así como en poblaciones tales como Tumaco o el Catatumbo los palmicultores no pudieron desplazarse afectando la dinámica económica de estas regiones y generando desabastecimiento de alimentos y combustibles, entre otros.

Finalmente aseguró que estos actos fueron planeados para afectar la institucionalidad, el transporte público y la economía en general. Indicó que en algunas partes sigue el vandalismo por el surgimiento de islas de anarquía permitidas por algunos alcaldes.

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