La FAO considera que es posible elaborar leyes y formular políticas que permitan luchar contra el hambre de forma regional.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebró el pasado mes en Guatemala el primer Diálogo Iberoamericano Político-Académico para definir una agenda alimentaria para la región, donde varios países enfrentan situaciones graves de escasez de alimentos.
El evento lo inauguró el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien resaltó que "los parlamentos son espacios en donde se forjan acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas para poder atacar este flagelo".
De acuerdo con informes actuales de la FAO, el caso más preocupantes es el de Haití, donde la violencia y la inestabilidad política provoca que 1,8 millones de personas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, es decir 200.000 más que en 2022.
Pero además, en América Latina la llegada constante de migrantes y refugiados a Colombia, Perú y Ecuador constituye una fuente de preocupación, además del impacto del fenómeno climático El Niño.
En Colombia, por ejemplo, mientras solo el 3% de la población autóctona se enfrentó a una situación alimentaria severa (1,6 millones de personas), el 62% de los migrantes y refugiados (2,9 millones) se hallaba en esa situación de vulnerabilidad.
Venezuela también es uno de los países "que ha sido identificado como preocupante" por los expertos en materia de seguridad alimentaria.
El evento contó con la participación del representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, junto con delegaciones del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Alianza Parlamentaria Portuguesa por la Seguridad Alimentaria y la Igualdad de Género.
El encuentro tuvo como objetivo principal intercambiar lecciones aprendidas y buenas prácticas, y definir estrategias para transformar los sistemas agroalimentarios en unos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.
Según la FAO, de este tipo de parlamento deben surgir leyes y elementos para formular políticas que agrupen los esfuerzos para luchar contra el hambre de forma regional.
