La anemia infantil se mantiene como uno de los indicadores más tercos de la salud pública peruana, y el último reporte del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) traslada el foco de discusión hacia un terreno que compete directamente a la industria alimentaria: la calidad, disponibilidad y regulación de lo que llega a la mesa de los hogares, más allá de la entrega de suplementos.
Rosa Elena Cruz, decana del CNP, planteó que la inseguridad alimentaria explica buena parte del problema, y cuestionó que los programas sociales prioricen la entrega masiva de hierro en gotas o jarabe sobre garantizar acceso a alimentos que cubran los requerimientos nutricionales de la población, respetando las costumbres y la cultura alimentaria de cada región.
Según la especialista, la anemia de origen alimentario representa alrededor del 70% de los casos, un porcentaje que coloca a la dieta, y no solo al suplemento, como el verdadero campo de batalla, las cifras oficiales confirman la urgencia. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 del INEI, 34.9% de los niños de 6 a 35 meses presentó anemia ese año, con Puno (56.1%) y Loreto (45.6%) como las regiones más afectadas.
En ese contexto, Cruz advirtió sobre un fenómeno que compete directamente a los fabricantes de alimentos: el consumo creciente de ultraprocesados y azúcar desde edades tempranas, con las fórmulas para bebés como ejemplo de productos que hoy no llevan octógonos de advertencia, lo que limita que las familias tomen decisiones informadas al elegirlos.
El debate sobre el etiquetado no es nuevo para la industria peruana. Desde que la Ley N° 30021 entró en vigencia en 2019, los alimentos procesados que superan los límites de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans deben llevar octógonos con advertencias como "Alto en azúcar: evitar su consumo excesivo". Fabricantes como Alicorp, Gloria, Nestlé Perú, Mondelez y Ajinomoto participaron en la elaboración de las guías técnicas de implementación, y el incumplimiento puede derivar en sanciones de hasta 700 UIT, alrededor de 2.94 millones de soles.
Pese a ese marco normativo, un estudio publicado en una revista médica peruana encontró que, de 4,404 alimentos procesados y ultraprocesados ofertados en supermercados de Lima, solo 71.4% declaraba algún tipo de información nutricional, y apenas 46% especificaba el contenido de los nutrientes críticos regulados por la norma.
La escala del problema tiene también una dimensión comercial relevante para el sector: la Organización Panamericana de la Salud estimó que el volumen de ventas de alimentos y bebidas ultraprocesados aumentó 48% en América Latina entre 2000 y 2013, un salto que en Perú convive con la persistencia simultánea de anemia, desnutrición crónica y, cada vez más, sobrepeso y obesidad infantil, la llamada doble carga de malnutrición.
Especialistas en ciencia de alimentos señalan que no todos los productos procesados deben tratarse como idénticos, ya que el procesamiento también puede aportar a la inocuidad, la fortificación y la conservación de nutrientes, un matiz que abre espacio a la innovación en fortificación dirigida antes que a la prohibición generalizada.
En ese sentido, la biofortificación empieza a ganar terreno como alternativa científica con potencial comercial: variedades de papa desarrolladas por investigación peruana han logrado concentrar mayor contenido de hierro y zinc de forma natural en el tubérculo, sin depender de suplementos externos, una vía que podría integrarse a los programas sociales sin las distorsiones que genera la suplementación indiscriminada.
Frente a lo que considera una falta de educación alimentaria estructural, el CNP anunció que difundirá recomendaciones de alimentación familiar con sustento científico a través de sus canales oficiales, un esfuerzo que, de escalar, podría convertirse en un punto de referencia para la industria alimentaria a la hora de diseñar productos, etiquetas y estrategias de fortificación pensadas para las poblaciones más vulnerables del país.
